En las últimas semanas se dio un proceso de cuestionamiento a instituciones afianzadas en la Argentina. Por un lado, las fuerzas de seguridad se pasaron de rosca y salieron a cazar manifestantes, junto a una justicia que tiene una mirada selectiva y determina sus tiempos según la conveniencia de la coyuntura política.

Por el otro, el Poder Legislativo. Cuando se aprobó la reforma previsional en el Senado, todo indicaba que se iba a dar el mismo proceso en la Cámara Baja. No importaron mucho algunas cuestiones básicas del funcionamiento legislativo como la discusión en comisión del dictamen, los tiempos reglamentarios establecidos para el tratamiento de los temas o la inconstitucionalidad de algunos puntos de la nueva ley.

Pero la llegada a Diputados fue todavía más desprolija. Intentos forzados de quórum, violación del reglamento interno, denuncias penales y represión a algunos diputados, con la mirada complaciente de otros.

Lo más llamativo: la poca importancia que tienen la Constitución, las leyes y las normas para algunos de los sectores políticos.

En la calle se movilizaron diferentes sectores contra una reforma que consideran regresiva y la represión que hubo como respuesta duró hasta la madrugada. Aunque esto no logró modificar una votación que ya estaba garantizada para el oficialismo.

¿Lo más llamativo de todo? La poca importancia que tienen la Constitución, las leyes, las normas, para algunos de los sectores que hacen e hicieron de su defensa una bandera electoral.

Un bonus. La reforma se aprobó gracias al aval de los gobernadores, algunos de los cuales se vieron atrapados en las presiones del gobierno central, mientras que otros se sintieron cómodos de acompañar este proyecto. Lo que dejó en evidencia, una vez más, que es el poder central quien maneja a las autonomías provinciales, sesgadas según las necesidades que surjan en Balcarce 50.