“No hay violación a los DDHH”, límites para el accionar policial y denuncia ante la CIDH: cuatro claves sobre la situación en Formosa

Mientras el Gobierno niega la existencia de violaciones a los derechos humanos en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Los centros de aislamiento de Formosa siguen bajo la lupa, y hasta fueron noticia en el diario francés Le Monde. Luego de la denuncia de Amnistía Internacional Argentina por violaciones a los derechos humanos, el Gobierno le respondió y negó esa situación.

Tanto el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, despegaron de las críticas al gobierno formoseño. Aunque Cafiero reconoció que hubo casos de violencia institucional que son investigados en diálogo con La Red.

Asimismo, aclaró que “se confunde un centro de aislamiento con un centro clandestino de detención y eso no ocurre en la Argentina, no ocurre en Formosa”. Luego de esas declaraciones, el Gobierno recibió a funcionarios provinciales y nacionales este lunes.

En la reunión definieron la “planificación para un abordaje territorial conjunto y coordinado” en medio de las denuncias por abusos. Además, se avaló un informe de la Defensoría del Niño que aconseja limitar a lo “estrictamente necesario” la “alta presencia” de la Policía en el cuidado de los niños y adolescentes. A su vez, analizaron la situación en los centros de aislamiento tras la visita de Pietragalla a la provincia.

Con el fin de la feria judicial, la Corte Suprema deberá resolver si será la Justicia Federal o la Provincial la encargada de investigar la denuncia presentada el senador opositor Luis Naidenoff. El radical presentó un hábeas corpus colectivo por la falta de respeto de la privacidad, intimidad, higiene y salubridad, y de las recomendaciones del ministerio de Salud en los centros de aislamiento.

Hisopado, aislamiento y denuncia

Se suma una nueva denuncia por violencia institucional y desaparición forzosa de integrantes de las poblaciones originarias en la provincia. Dos abogados solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los abusos contras las comunidades Wichi, Pilagá y Qom.

La nueva denuncia, presentada por los letrados Daniel Suizer y Francisco Oneto, se suma a una parecida que habían hecho legisladores opositores al organismo. En el escrito sostuvieron que cuando las personas pertenecientes a pueblos originarios son trasladadas a los centros de aislamiento, “sus familiares ignoran a dónde los llevan”.

La falta de conocimiento sobre el paradero de los trasladados se debe, según los abogados, a que “el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas”. Para ellos, esa situación configura la desaparición forzada de personas, “pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares”.

El procedimiento para aislar a integrantes de las comunidades originarias comienza con resultado positivo del hisopado. Dichos centros son escuelas de la localidad de Ingeniero Juárez, a unos 100 kilómetros de sus comunidades.

En las escuelas están 14 días y si el hisopado realizado después de ese período, da positivo, se quedan dos semanas más, sin contacto con sus familias. Hubo denuncias en que los dejan encerrados también cuando hay resultado negativo.