Minimiza Laura Alonso el escándalo de Triaca y cumple con un débil dictamen

El Canciller - Comentarios

La Oficina Anticorrupción emitió un dictamen respecto de la actuación del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca, al haber empleado en el SOMU -un sindicato intervenido por ese ministerio- a una empleada de su familia.

Un detalle no menor: el escándalo, que estuvo en primera plana y fue protagonista durante varias semanas, ocurrió hace cuatro meses. A raíz de este texto de Laura Alonso, las críticas por el débil reto del organismo se llevó todas las críticas en las redes sociales. Un tirón de orejas sin consecuencias.

“Hacer saber al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge TRIACA, que debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra HEREDIA en el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)”, señala el dictamen de la OA, que fue revelado por el sitio Borderperiodismo.

“En lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción”, agrega el dictamen con la firma de Alonso.

Y puntualiza: “Más allá de la cuestión referida a la idoneidad de la Sra. HEREDIA para el ejercicio de las labores que le fueron encomendadas -aspecto sobre el cual no compete expedirse a esta Oficina-, no puede soslayarse que, en atención al contexto señalado, su relación laboral con el hermano del Sr. TRIACA y la circunstancia de que sea ésta la persona que prestaba servicios los fines de semana al Ministro y a su familia, podría generar legítimas dudas respecto de los motivos que fundaron la vinculación de empleo con el SOMU así como la influencia del funcionario sobre su contratación, sobre todo ante la inexistencia de procedimientos de selección específicos para dicho puesto de trabajo que acrediten la aptitud para su ejercicio”.

El dictamen de Alonso señala también que “todos los funcionarios públicos, en particular los de mayor jerarquía, así como los altos directivos, deben organizar sus intereses privados de una manera que se preserve la confianza de la ciudadanía en su propia integridad y en la integridad de su organización, siendo un ejemplo para los demás”.

Un informe extenso pero sin mayores novedades. Es decir, la Oficina Anticorrupción se vio obligada a salir a referirse al escándalo, aunque lo hizo cuatro meses después. Advertencias y tirón de orejas, la receta que eligió Laura Alonso para “cumplir” con su deber en el organismo que debe impedir los hechos de corrupción en la política.