Mariu, Morales y Valdés: se revelan los gobernadores oficialistas ante el protocolo de seguridad de Patricia

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La nueva reglamentación para el uso policial de armas dispuesta por el Gobierno generó diversas posiciones dentro del arco del oficialismo, la respuesta no fue unívoca y las disidencias se hicieron sentir.

Las administraciones de María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) adelantaron que por el momento no aplicarán las modificaciones en sus territorios.

El protocolo conocido popularmente como “la Doctrina Chocobar“, que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que cuenta con el aval del presidente Mauricio Macri, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien afirmó que “la reglamentación para las fuerzas de seguridad dictada por la Ministro Bullrich viola los derechos humanos fundamentales”, aseguró.

“Nosotros no vamos a ir al fascismo”, sentenció de manera contundente intensificando la interna en Cambiemos.

Con este mensaje de una de las aliadas elementales de Cambiemos, quedó en evidencia la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos que prefirieron tomar distancia de la medida que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.

Por lo pronto, María Eugenia Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida porque considera que “no es el momento”: según consignó la agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que “no todas las policías son iguales” y que el gobierno nacional “considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales”, por eso dicta el protocolo.

Sin embargo, la Provincia estima que “antes de redefinir su marco de actuación”, la Bonaerense debe terminar con el “proceso de reforma profunda e integral” que se inició con la llegada de Vidal a la Gobernación.

“Creemos que ahora no es el momento. Pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener una mejor Policía”, aseguraron fuentes de la administración provincial.

En Jujuy, a su vez, el ministro de Seguridad provincial Ekel Meyer manifestó que por el momento “no será necesario” acatar la nueva y cuestionada regulación.

En Corrientes, donde gobierna el radical Gustavo Valdés, tampoco planean plegarse al protocolo: el ministro de seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la “profesionalización” de los agentes y mejorar la infraestructura, como la Escuela de Cadetes.

“Podemos adherirnos a la reglamentación, hacer una adaptación, o una totalmente distinta que se relacione a nuestras necesidades, pero no tenemos la obligación de hacerlo y tampoco es una prioridad”, afirmó en declaraciones a El Litoral.

Al argumentar su postura, el funcionario expuso que la resolución nacional apunta a resolver “la realidad que se vive en Buenos Aires”, destacando que “porcentualmente los homicidios en Corrientes tienen menos del 1%, mientras que la media nacional es de 5%” (calculando un asesinato cada 100 mil habitantes).