En un acto polémico, el Presidente recibió al agente de seguridad Luis Chocobar en la Casa Rosada. En ese marco, le brindó todo su apoyo y expresó: “Confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. El mensaje puede tener tres lecturas: en primer lugar, en una clara intromisión en los asuntos judiciales, el presidente sentenció cómo deben actuar los jueces ante los casos de gatillo fácil. En segundo término, un guiño hacia las fuerzas de seguridad, las cuales tienen el respaldo total del oficialismo, incluso para actuar desmedidamente sin mayores consecuencias que un sumario. Por último, busca mostrarse de cara a la sociedad como el gobierno de la seguridad.

La instalación de este debate sobre la inseguridad vino como anillo al dedo para el oficialismo, de esta manera intentarán dejar atrás la polémica que jaqueó al ministro Triaca – algo intentaron sin éxito con el famoso decreto anti nepotismo–, y además, debido a la imposibilidad de mostrar mejoras económicas y una fuerte caída de la imagen del Presidente, el gobierno agarró el manual de la derecha y busca refugio en el tema de la seguridad. En este sentido, el principal asesor del gobierno, Jaime Duran Barba, advirtió: “hicimos encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”. Así se entiende mejor por qué el gobierno de los focus group se lanza en un peligroso y desmedido apoyo hacia los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.

“Este caso ratifica una mirada que tiene nuestro gobierno: las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía”, sostuvo la siempre polémica ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la nueva “doctrina Bullrich” llama la atención la utilización de la palabra “enfrentamiento” porque según se puede ver en el video Luis Chocobar asesina por la espalda a Kukoc, quien iba desarmado. Los militares genocidas utilizaban la misma palabra para justificar fusilamientos a militantes políticos. Se ve entonces que la semántica doctrinaria no es tan nueva. El mensaje de la ministra exculpa a la policía, le quita el foco sobre el accionar de la fuerza que ocupa el monopolio legítimo de la violencia y que, en consecuencia, debe responder por la responsabilidad de sus actos. La ministra da rienda suelta para que ante cualquier tipo de accionar de la fuerza se persiga “la mirada que tiene nuestro gobierno”. Sin embargo, no se trata de la opinión del gobierno de turno sino de lo que dice nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país y el Código Penal.

Nuevamente, como en el caso de los familiares que trabajan en el Estado, el oficialismo se salta el debate de fondo y va por la más fácil. En lugar de debatir sobre cómo tener fuerzas de seguridad profesionales, una justicia eficiente que condene a los delincuentes en un juicio justo y un sistema penitenciario que busque reinsertar socialmente a los condenados, el gobierno elige, en un acto demagógico y barato, apoyar la ejecución sumaria, algo totalmente inaceptable para nuestro Estado de Derecho.

El Gobierno se apoya en las encuestas para lanzar una nueva doctrina de seguridad y se repliega sobre el ala más radicalizada de la derecha para darle rienda suelta al accionar de las fuerzas represivas, algo que nunca termina bien. Se parece tanto a una película de terror que asusta: bienvenidos al Macri horror show.