Los audios de Moreno y el vale todo

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No hay delito, ni sugerencia de delito, ni se habla de ningún delito. Sin embargo, dos conversaciones de la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, fueron difundidas anoche en televisión y reproducidas entre ayer y hoy por casi todos los medios de comunicación. Una la mantuvo con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, y otra con el exsecretario de Energía, Roberto Baratta.

Su difusión, que carece de razones periodísticas y no aporta prueba alguna a la causa en la que se investiga a Minnicelli, flaco favor les hace a los periodistas que actualmente están siendo señalados como parte de una organización que se encargaba de extorsionar a personas en conjunto con integrantes del Poder Judicial y servicios paraestatales (o estatales) de inteligencia. Y además esa filtración es un delito.

En el periodismo político, la ética obliga a publicar aquello que es de interés para la sociedad en cuestiones vinculadas a los derechos que puedan estar siendo violados. También habilita a dar cuenta de todo lo que los protagonistas de los hechos decidan hacer público. Pero, a la vez, obliga a no publicar aquello que no cumple con esos requisitos. Es el caso de las conversaciones mencionadas. Ni siquiera importa si los protagonistas ratifican en público, como hizo Moreno hoy, lo dicho en esa charla. No se debe publicar.

La fuente que proveyó esos audios no fue citada, pero solo puede provenir de tres lugares: los servicios de inteligencia (estatales o paraestatales), la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la Corte Suprema (a cargo de las escuchas judiciales por decreto del presidente Mauricio Macri, veinte días después de asumir) o el juzgado de Claudio Bonadio.

La Dajudeco está dirigida por Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez Ariel Lijo, y controlada por los jueces Martín Irurzun (Cámara Federal porteña) y Javier Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia). Irurzun, presidente de la Cámara, tiene colgada una reciente cucarda en Comodoro Py: en la jerga de los tribunales, lleva su nombre la doctrina mediante la cual son encarceladas de manera preventiva personas que no tienen una condena firme. La inauguró con Julio De Vido.

La oficina está, además, poblada de empleados que son familiares de jueces y fiscales. Uno de ellos, según Horacio Verbitsky, es Mateo Stornelli, hijo del fiscal que está siendo investigado por el juez Alejo Ramos Padilla por su presunta participación en la red de espionaje y extorsión de la que formaba parte el falso abogado Marcelo D’Alessio. El propio fiscal confirmó al diario La Nación, hace un año, que su hijo trabajaba allí: “Supe que estaban buscando personal y lo recomendé”.

El 11 de julio de 2016, la Dajudeco firmó un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas, mediante el cual “se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar escuchas directas autorizadas judicialmente” que hayan sido requeridas por el juez en causas de su competencia.

Bonadio, por su parte, se hizo cargo hace dos semanas de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está involucrada Minnicelli junto su esposo y sus hijos. Antes, cuando no se filtraban conversaciones privadas que no aportaban prueba alguna a la investigación, la tuvo Luis Rodríguez, que se declaró incompetente. Rodríguez es investigado desde el mes pasado en el Consejo de la Magistratura, por impulso de los consejeros de Cambiemos, acusado de haber cobrado unos 10 millones de dólares del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para cerrar las investigaciones en su contra.