Un ciudadano armenio fue asesinado para robarle su bicicleta en la intersección de San Martín y Madero. El único detenido por el hecho  hasta el momento es un menor de 15 años con antecedentes por robo en cuatro ocasiones este año.

Apenas se conoció la noticia, el vicejefe de gabinete porteño planteó: "Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra". "Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo", agregó en un mensaje en las redes sociales.

En tanto, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señaló con dureza que "cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo". "Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años. ¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?", advirtió la presidenta del PRO.

Por su parte, la actual titular de la cartera, Sabina Frederic, marcó distancia respecto de la iniciativa al considerar que debía complejizarse el abordaje con un enfoque preventivo y no en el castigo. “No debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios”, apuntó.

Como era de esperarse, este posicionamiento volvió a marcar diferencias dentro del propio Frente de Todos. "Hay algunos que empiezan siempre poniendo el carro adelante del caballo. La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio. La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender", sostuvo el ministro bonaerense, Sergio Berni, quien ya convirtió en una costumbre sus diferencias con la funcionaria nacional.

Las divergencias dentro de la coalición gobernante respecto de los temas de seguridad han sido una marca registrada en este primer año de mandato de Alberto Fernández. El debate sobre el uso de las pistolas taser y la actitud estatal frente a la toma de tierras son dos aspectos que también encontraron respuestas contradictorias por parte parte del plantel de gobierno.

El proyecto impulsado por Juntos por el Cambio pero que no tiene perspectivas de tratamiento en el corto plazo propone bajar la edad de punibilidad a los 15 años para casos de delitos graves, al tiempo que establece que los niños, niñas y adolescentes no puedan permanecer detenidos en comisarías, que la prisión sea el último de los recursos y cuya pena máxima tiene que ser mayor a los 10 años para que el adolescente sea privado de libertad.