Ley de Abastecimiento para la construcción: las implicancias de un recursó histórico (de amenaza) pero con escaso funcionamiento

El presidente anunció que irán contra "los especuladores" por la falta de materiales e insumos en el sector. Qué dice la legislación.
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El presidente Alberto Fernández participó hoy, desde la Residencia de Olivos y por videoconferencia, del Acto del Día de la Construcción que se desarrolló en la planta de la empresa Loma Negra en Olavarría.

Allí, el mandatario advirtió: “Todos observan que los resultados en la construcción son muy alentadores. Lo que estamos viendo es que esa mayor producción alguien la compra y la retiene, y dificulta la reactivación”.

“Veo yo una nefasta actitud de acaparar esos bienes tratando de especular con un mejor precio futuro. A quienes estén haciendo eso quiero advertirles que voy a ser inflexible. Voy a caer con todo el peso de la ley de abastecimiento que tiene el Estado“, aseveró.

La Ley que menciona es la fuente de numerosas polémicas. Es una ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 20 de junio de 1974, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón,  que regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, así como las “penalidades para los infractores”.

En ese marco, se dispone “eliminar intermediarios facilitando el acceso de productores al mercado y promoviendo las cooperativas”, “promover la educación de los consumidores” y “la creación una red nacional de mercados centrales”.

Sin embargo, las dos medidas más cuestionadas con la penalización con prisión “de 3 a 10 años quien provoca una elevación artificiosa de los precios o escasez de mercadería”, al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo para disponer allanamientos de locales o establecimientos comerciales e industriales sin orden de un juez.

Este último aspecto fue modificado en la última reforma de la Ley en 2014, que reemplazó la cárcel por multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.

En general, a lo largo de su historia, fue una herramienta de amenaza más que un instrumento de aplicación efectiva. Dentro del sector empresario, la intimación de su uso generó más rechazos que disposición a resolver las dificultades y esta no parece que vaya a ser la excepción.

El oficialismo atraviesa el fin de año en una tensa calma. Si bien pudo anclar el valor del dólar paralelo y hay indicadores de recuperación de la actividad, la brecha cambiaria se mantiene en torno al 100% y el costo de vida registra una pronunciada aceleración los últimos dos meses. El anuncio del aumento de las naftas de YPF echó mayor presión a la espiral inflacionaria que refuerza las tendencias “especulativas”, como las llamó el presidente.