Lavado y obra pública: primer juicio oral contra Báez por su relación con el kirchnerismo

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El empresario y dueño de la firma Austral Construcciones, Lázaro Báez, afronta su primer juicio oral por el delito de lavado de dinero. En los tribunales federales de Comodoro Py se juzgarán los detalles de las maniobras de supuesto lavado que Báez y otras 24 personas habrían cometido a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Báez, que está preso en la cárcel de Ezeiza desde abril del 2016, está acusado junto a sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina. El juicio también alcanza al “arrepentido” Leonardo Fariña; el financista Elaskar; el abogado Jorge Chueco; el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián; el empresario Juan Carlos Molinari; el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; y Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró.

Antes del inicio del debate, el empresario vinculado al kirchnerismo había intentado retrasarlo sin éxito con una serie de pedidos realizados a través de su abogado Víctor Hortel, ex titular del Servicio Penitenciario Federal. Báez reclamó el apartamiento del cuarto juez del Tribunal Oral Federal 4, Rodrigo Giménez Uriburu, y la nulidad de la elevación a juicio que hizo la Fiscalía. También solicitó que se unificaran las querellas, cuestiones que serán evaluadas durante el juicio.

Ahora, los jueces del TOF 4 Gabriela López Iñíguez, Guillermo Costabel y Adriana Palliotti llevarán adelanto el proceso oral y público que se estima durará unos nueve meses. Está previsto que por el juicio pasen unos 90 testigos, además de los implicados.

La acusación contra Báez y el resto es por “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” para “convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013”.

Según se sospecha, el dinero lavado provenía de la obra pública que Báez recibió de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.