En lo inmediato, Horacio Rodríguez Larreta pondrá en marcha su estrategia judicial para evitar el traspaso de un punto de coparticipación de CABA a Provincia de Buenos Aires. Para eso, ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación.

El procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, es el encargado de preparar los escritos y poner en marcha un doble movimiento: frenar con una medida cautelar la pérdida diaria de ingresos por la coparticipación federal y obtener la nulidad por inconstitucional. Desde el gobierno porteño consideraan en que es un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.

Astarloa, una persona del riñón partidario, se encuentra el cargo desde 2016 y previamente ocupó un lugar en la gestión como Director General de Concesiones en 2013.

Los números de la Ciudad

Por otro lado, Larreta busca atender que la poda que implica en las finanzas porteñas la quita del 1% de coparticipación no impacte en un recorte de los servicios esenciales o un golpe al bolsillo de los porteños con un aumento de impuestos.

Para esa tarea, ya está encargado Martín Mura, el secretario de Hacienda del GCBA. Si bien el jefe de gabinete porteño no sabía cuando ocurriría, desde enero viene barajando la posibilidad que el gobierno nacional avanzara en la reasignación de los fondos para la Ciudad.

La Legislatura aprobó hace varios meses una Ley de Emergencia que faculta al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias como la reprogramación de pagos a proveedores ante la caída de la recaudación por la cuarentena.

El titular de la cartera económica barajaba varios escenarios fiscales posibles con distintos niveles de quita: uno con medio punto de quita, otro con un punto, y el más fatalista con más de un punto y medio de pérdida para las arcas porteñas.

Según los cálculos que maneja, la pérdida de 45.000 millones tendrá lugar recién el año próximo, porque en 2020 dejará de percibir sólo el proporcional que no fue transferido hasta ahora, una suma de alrededor 9.000 millones de pesos.

Por lo que anticipó el vicejefe de gabinete, Diego Santilli, el mayor ajuste se concentrará en infraestructura para evitar afectar las partidas de educación, salud y vivienda.