La Corte le pone un límite al Gobierno, da luz verde a las clases presenciales y marca la ruta para el futuro de la pandemia

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La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad en la causa iniciada tras la suspensión de las clases presenciales decretada por el presidente Alberto Fernández

El máximo tribunal defendió la autonomía de la capital del país, consideró que el Gobierno no justificó correctamente la posibilidad de contagios en torno a la escuela, y priorizó a la educación como derecho humano y constitucional, lo cual sienta un precedente para las medidas que se tomen a futuro durante la pandemia de Covid-19. 

“Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”, afirma el fallo. Al considerar que la justificación del Ejecutivo nacional para relacionar la suspensión de las clases con la situación sanitaria fue “insuficiente”, los jueces establecieron que “el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”.

Además, solicita al Gobierno “basarse en criterios de razonabilidad” para tomar medidas, y le recuerda que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. 

En este sentido, indican que “la Pandemia COVID 19 se ha extendido en el tiempo, y se ha producido un largo período de restricción de las clases presenciales de los alumnos y, probablemente, deban adoptarse nuevas decisiones al respecto”. 


La Corte hace explícito que no se trata de “ponderar una situación temporaria” sino de “dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”. 

De este modo, el fallo conocido esta mañana se erige como un hito en la gestión de la pandemia. El máximo tribunal pretende zanjar de una vez la discusión sobre las competencias de la Ciudad y marcarle los límites al gobierno nacional. También, señalar la ruta por la cual podrá conducirse el Presidente en el dictado de medidas, dejando claro que la educación deberá permanecer por fuera de las restricciones. 

El contexto

El 16 de abril, tras las nuevas restricciones dispuestas por el gobierno nacional, Larreta presentó una medida cautelar en la Corte, pidiendo que se declare inconstitucional el artículo 2 del decreto presidencial, que estipulaba la suspensión de las clases presenciales en la capital. Desde entonces, la grieta entre oficialismo y oposición entró en un tono por demás beligerante, a la espera de la última palabra.

El ministro de Justicia, Martín Soria, habló de un “mamarracho jurídico” y detalló: “Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”. Por su parte, el expresidente Mauricio Macri felicitó al gobierno porteño porque, según su consideración, “con datos científicos y decisión, defendió la educación”. Al mismo tiempo, criticó a la gestión bonaerense del gobernador Axel Kicillof por hacer “un uso político de la situación” y actuar “en contra de los alumnos por los que dicen trabajar”. 

Como un reflejo de lo que sucedía en la clase política, la Justicia también mostró sus vaivenes antes de que los jueces supremos definan el asunto. Primero, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad en la Ciudad, haciendo lugar a un reclamo de organizaciones docentes. Enseguida, el presidente Alberto Fernández fustigó: “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal”. Larreta respondió por medio de una conferencia de prensa, en la que planteó: “La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. La educación, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrar la grieta”

Sin embargo, a los pocos días, el juez Esteban Furnari, del fuero federal en lo Contencioso Administrativo, dijo que la justicia porteña era incompetente y ordenó que se suspenda la asistencia a las escuelas hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo. El gobierno porteño no acató lo resuelto, y a través de un comunicado informó que mantendría el dictado presencial, a la espera de la definición de la Corte. Una definición que, dos semanas después, llegó y le dio un triunfo más que político a Larreta.