Tras ratificar la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la Corte Suprema reactivó el caso Correo Argentino al rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de dos de los directivos de la empresa involucrados, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, quienes están vinculados al Grupo Macri.

Los directivos de Correo Argentino, compañía que pertenece a Socma -en manos de la familia de Mauricio Macri-, habían solicitado apartar del proceso a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, miembros de la Cámara Federal porteña, por "temor de parcialidad".

En el caso de Farah, argumentaron que había sido uno de los denunciantes de presuntas presiones del gobierno macrista ante la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en 2019 en la causa Oil Combustibles, donde se los acusaba de defraudación al Estado. 

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En tanto, expresaron que Boico debía ser removido por haber sido defensor de Cristina y de Oscar Parrilli, entre otros funcionarios kirchneristas, por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. En conclusión, indicaron que ambos tendrían que ser apartados por mostrar una "enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri" y "por lo tanto" a los propios Robirosa y Kleidermacher.

En aquel momento la respuesta de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, bajo el ala del juez Javier Carbajo, fue contundente: "La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado".

Sin embargo, los representantes de los directivos decidieron presentar el recurso de queja ante el Máximo Tribunal, aunque los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también rechazaron el planteo, al considerar que "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal" y los comprometieron a realizar un depósito. 

"Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución", indicó la Corte en la resolución.

La causa está en manos del juez Ariel Lijo e investiga presunto fraude al Estado por un acuerdo de pagos de deudas de la compañía. Aquel convenio, logrado en 2016, aceptaba la licuación de lo debido en un 98,87%. Además de los empresarios del Correo, también están imputados dos exfuncionarios bajo la administración nacional del PRO: el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el extitular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa. 

Cabe destacar que quien gobernó el país entre 2015 y 2019 nunca estuvo bajo investigación directa en esta causa.