En el marco de la causa popularmente conocida como la "Ruta del dinero K", la Corte Suprema de Justicia de la Nación sorteó este lunes dos conjueces para definir si se confirma o revisa la condena a diez años de prisión por lavado de activos a Lázaro Báez, luego de la falta de acuerdo entre los miembros del tribunal.

Los designados fueron Mariano Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. A su vez, se dio a conocer que Jorge Di Lorenzo y Guillermo Antelo fueron seleccionados como suplentes.

El sorteo se llevó a cabo luego de que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, dos de los tres integrantes del tribunal, rechazaran los recursos presentados por la defensa de Báez y, así, optaran por dejar firmes las condenas que ya fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación. La grieta se abrió con Carlos Rosenkrantz, quien solicitó dar vista antes de decidir al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Así, como no existieron tres criterios iguales para poder resolver el caso, se optó por las nuevas designaciones.

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De esta manera entraron en escena Lozano y González, quienes podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas. Ambos magistrados deberán confirmar si aceptan la invitación tras el sorteo.

Por un lado, González actualmente se desempeña en el "Caso Loan". De hecho, en abril pasado, la Cámara Federal de Corrientes había confirmado el procesamiento de varios imputados, incluido el comisario Walter Maciel.

El otro magistrado es Lozano, quien integra la Cámara Federal de General Roca. También en el cuarto mes de este año, el tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa de un abogado sospechado de cobrar coimas en AFIP, así como en octubre de 2023 confirmaron el sobreseimiento del juez Gustavo Villanueva en la causa que incluía a Patricia Bullrich y Mauricio Macri por un bloqueo a la comunidad mapuche Campo Maripe sin una orden judicial, entre otros casos.

En cuanto a esta causa, Báez fue condenado por el delito de "lavado de activos agravado" de USD 55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal le redujo al empresario la condena de 12 a 10 años de prisión, por eso ahora la Corte tendrá que dirimir la firmeza de esa decisión.