El fiscal federal Abel Córdoba pidió este martes que el empresario Lázaro Báez -actualmente en arresto domiciliario- regrese a la cárcel para terminar de cumplir su condena a 10 años de prisión, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la "Ruta del dinero K".

La solicitud, que tuvo lugar días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia del dueño de Austral Construcciones y de otros condenados en el caso, alcanza también al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín.

En su dictamen ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal porteño N°4, Córdoba pidió que, ratificadas las condenadas y "culminado el trámite del cómputo" de las penas de los mencionados, "se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal".

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De acuerdo al cálculo del juez Néstor Costabel, Báez estuvo preso tres años, seis meses y ocho días, por lo que le restaría cumplir seis años, seis meses y 22 días. Sin embargo, la defensa del empresario, a cargo de Juan Villanueva, objetó esa cuenta y sostuvo que ya lleva nueve años y dos meses de prisión debido a que, en paralelo, quedó con detención domiciliaria por otra causa de lavado.

El pasado lunes, el TOC detuvo a cinco de los seis condenados de la causa, dado que Julio Mendoza, el restante, adujo estar internado. Los primeros en presentarse en los tribunales de Comodoro Py para su aprehensión por "lavado de activos" fueron Fabian Rossi, exmarido de la actriz Iliana Calabró y exapoderado de la financiera S.G.I., y Eduardo Castro, sentenciados a cuatro años y medio de cárcel.

Sucesivamente cayó el exempleado de S.G.I César Fernández (cuatro años y seis meses), el empresario Carlos Molinari (tres años y seis meses) y el exempleado del banco suizo que participó en las operaciones de lavado, Juan Alberto de Rasis (cuatro años y seis meses).

Según estableció la Justicia, cada uno ejerció diversos roles en la maniobra para el lavado de 55 millones de dólares por parte de Báez, a través del envío de esos fondos fuera del país, para luego reingresarlos. A su vez, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada, luego de que la Corte le rechazara una solicitud de sobreseimiento.