La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la reducción a cuatro años de la pena para Julio de Vido por la tragedia de Once, que en 2012 dejó un saldo de 51 muertos y 789 heridos. El exministro de Planificación Federal había sido condenado a casi seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión fue consecuencia de una orden que emitió la Corte Suprema en un fallo el 1° de agosto de 2024.

La resolución tuvo los votos de los jueces Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, y la disidencia de Gustavo Hornos. La mayoría de los magistrados optó por modificar la condena de cinco años y ocho meses que el exfuncionario recibió por parte del Tribunal Oral Federal 4 el 10 de octubre de 2018 y que el Máximo Tribunal exigió revistar por considerarla "arbitraria" tras la absolución en el delito de estrago, que figuraba como uno de los agravantes. 

El primer magistrado señaló en su resolución que la pena recibida por el exministro se vincula con el conocimiento que poseía respecto de la "falta de mantenimiento del material rodante" y "la mala calidad del servicio prestado".

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Además, indicó que se lo encontró culpable por su "pertinacia en omitir o relativizar las innumerables advertencias" dadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), quienes solicitaron "medidas urgentes para remediar la situación de deterioro e inseguridad que se constataba en las formaciones".

A su vez, expresó que la extensión en la que ocupó su cargo De Vido permitió que la "maniobra defraudatoria" desarrollada por las autoridades de Trenes de Buenos Aires (TBA) "se concretara con éxito a lo largo del tiempo, período en el cual bien pudo haber adoptado las medidas necesarias para corregir el rumbo de los hechos y evitar el evidente". 

Por su parte, Hornos manifestó que el exministro también debía ser acusado con el delito de estrago "por el resultado de muertes y lesiones" y porque la tragedia aconteció en "un contexto de un manifiesto y grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional".

Asimismo, indicó que resultó  evidente "el quebrantamiento del deber de quienes desde su cargo y labor dentro de la función pública decidieron sostener aquél mecanismo dispuesto sustancialmente para beneficiar económicamente a las empresas vinculadas al grupo de empresarios concesionarios del ferrocarril Sarmiento, y del cual la empresa TBA era controlada por la firma Cometrans".