La Corte Suprema de Justicia rechazó "in limine" (sin más trámite) la recusación presentada por la defensa de Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. La decisión habilita al Máximo Tribunal a resolver sobre un expediente en el que la dos veces presidente de la Nación está condenada en doble instancia.

La Corte consideró que el pedido de los abogados de la actual titular del Partido Justicialista (PJ) fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.

"El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley", indicó el Máximo Tribunal en el fallo, que tuvo el voto favorable del propio Lorenzetti, de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkratz.

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La presentación de la defensa de la expresidente se realizó el pasado 5 de mayo y residió en la acusación de falta de imparcialidad del magistrado, en base una serie de declaraciones mediáticas y diversas resoluciones que había tomado en disidencia en el tribunal.

De acuerdo a lo aseverado por los abogados, Lorenzetti habría quebrado de esta forma la normativa desarrollada en Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y diversos precedentes, como el caso "Llerena", dictado el 17 de mayo de 2005 y que concluyó en la separación entre la investigación y juzgamiento como garante de la imparcialidad.

La Corte consideró que una parte de los hechos había sucedido con anterioridad al momento de la presentación del recurso extraordinario, por lo que deberían haberse puesto de manifiesto en aquel momento.

Sobre las declaraciones realizadas por Lorenzetti en distintos medios, el Máximo Tribunal acordó que no constituían una causal objetiva ni comprobable de recusación. A su vez, destacó que las recusaciones cuentan con un proceso restrictivo de interpretación, al poder vulnerar los derechos de juez natural y de normal funcionamiento de la Corte.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidente a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, relacionada con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La Cámara de Casación Penal ratificó este fallo en 2024.