Luego de que el Gobierno ratificara que no retirará su pliego -como tampoco el de Ariel Lijo- y confirmara que podría seguir en funciones hasta el 30 de noviembre, Manuel García Masilla defendió la legalidad de su designación para integrar la Corte Suprema en un escrito y afirmó que la única institución que puede evitar que continúe como miembro es el Congreso, por la vía de un juicio político. "Un juez no puede remover a otro juez", manifestó.

Los argumentos están contenidos en un documento que le envió al juez Alejo Ramos Padilla, quien está a cargo de la causa que investiga la posible suspensión del decreto que lo nominó a él y a Lijo como los nuevos integrantes del Máximo Tribunal y que fue firmado por Javier Milei.

El constitucionalista señaló que, tras haber sido aceptado por la Corte, goza de "garantía constitucional de inamovilidad en el cargo" y que el único "juez natural" que eventualmente podría removerlo es el "Congreso de la Nación", mediante un "juicio político".

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Por otro lado, criticó a la parte demandante, y explicó "que el ejercicio de una atribución que la Constitución Nacional le otorga expresamente al Presidente como son los nombramientos en comisión" y "la posterior toma de juramento por parte de la Corte" no pueden ser tomados como una "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta".

A su vez, manifestó que existió una "falta de legitimación activa de los demandantes" para impugnar la designación. "Ni el carácter de ‘ciudadano’, ni los de asociaciones que invoquen principios relacionados con el buen funcionamiento del sistema de justicia los habilitan para impugnar la supuesta ilegalidad del nombramiento porque no demuestran un interés o derecho personal afectado por la designación en comisión", agregó.

Asimismo, defendió que la Corte funcione con cinco miembros, dado que, desde su visión, la ausencia de al menos uno de ellos, supone un "impacto directo y evidente", por "la disminución en la capacidad de resolver expedientes" y la "posible pérdida de mayorías en cuestiones de diversa índole".

"La integración definitiva de la Corte Suprema es una necesidad indiscutible, que debe cubrirse de manera urgente. Completar el tribunal, sin dudas, contribuirá a mejorar a futuro este estado de cosas", concluyó.

Por su parte, el juez Padilla adelantó que la resolución, tanto del caso de Mansilla como el de Lijo, será realizada después del próximo 3 de abril, cuando el Senado trate los pliegos de ambos. De momento, el oficialismo no contaría con los votos suficientes para que sean aprobados.