El Tribunal de Trabajo Número 2 de Avellaneda, presidido por la doctora Adriana Terlizzi, aceptó el recurso de apelación que presentó la parte actora, es decir, la defensa del demandante, y el juicio laboral que le inició el delantero Gonzalo Verón a Independiente pasará a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.   

Tras el fallo judicial que sentenció que Independiente tendrá que pagarle dos mil trescientos millones de pesos al futbolista, desde el club presentaron un Recurso Extraordinario para apelar la sentencia y lograr este paso que se confirmó hoy.   

Esta noticia llegó este viernes al igual que la de Gastón Silva,  la cual la FIFA falló contra la entidad de Avellaneda que deberá abonarle al defensor 1.950.000 dólares, aunque podrá apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).   

Sobre el caso de Verón, Independiente había presentado un Recurso Extraordinario para que pasara el juicio a la Corte, pero el Tribunal aceptó lo presentado por la defensa del ex delantero que jugó en el Rojo entre 2018 y 2019. Con esta decisión, se demorará la sentencia.

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Esta novedad llega en un contexto complejo a nivel institucional y luego de que apareciera un pasacalle amenazante en la casa de la familia del futbolista.   

Además, en las últimas horas el presidente interino Néstor Grindetti había afirmado: "Le diría (a Verón) que se equivocaron, que se encontraron un momento donde hay una Comisión que va a defender a a Independiente con los dientes apretados. Mucho más con un fallo que tiene una cantidad de falencias e intencionalidad que están lejos de ser las que se supone que podría demandar un jugador".   

"Jamás lo amenazaría, pero le diría que tenga cuidado porque tenemos buenos abogados y las costas cuando se pierde o gana un juicio son caras. Se lo diría paternalmente porque es joven", sentenció.   

Por su parte, Independiente puso en garantía por este juicio el predio de Wilde. Si la Corte decide que la sentencia quede firme, el jugador reclamará el pago de la deuda y eso podría significar la quiebra económica del club, aunque no sea declarado en esa situación en términos de la Ley, sino que sería intervenido por la Justicia.   

La Ley que ampara a la entidad de Avellaneda en caso de no contar con los fondos es la 25.284, que también es conocida como la Ley de Entidades Deportivas con Dificultades Económicas, la cual se sancionó a mediados del año 2000 y su principal objetivo fue que las asociaciones civiles, como son todos los clubes del fútbol argentino, no pudieran presentar la quiebra y así resguardar a los jóvenes y niños que realizan actividades deportivas allí.   

Si un club se encuentra en esta situación, no será declarado en quiebra como bien marca la Ley, pero en su lugar será intervenido por la Justicia, y a través de una sindicatura regulará los ingresos de la institución, teniendo la potestad de decidir sobre cómo y de qué manera se gasta el dinero, siempre partiendo de la base de que su intención es saldar todas las deudas contraídas que terminaron en esa situación.