Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la fiscalía pidió su inmediata detención -la cual requiere una serie de pasos para su efectivización, fijados por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, que la condenó en primera instancia-, mientras que la defensa de la expresidenta presentó un escrito con tres motivos para que pueda acceder a la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica.

Una de las razones expuestas por los abogados de la titular del Partido Justicialista (PJ), Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se relaciona con la edad de la exmandataria quien, al tener 72 años, puede gozar de ese derecho y permanecer en el departamento en el que vive actualmente, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Otro de los argumentos esgrimidos es la "seguridad personal" que requiere por haber sido jefa de Estado. En el texto de 13 carillas, los letrados consideraron que debe tener una custodia especial de la Policía Federal ya que por su rol accedió a "información de carácter secreto o bien confidencial".

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En sintonía, la defensa de Kirchner planteó, como tercer fundamento para pedir la prisión domiciliaria, el intento de magnicidio que su representada sufrió el 1° de septiembre de 2022, cuando se desempeñaba como Vicepresidenta de la Nación y Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara.

Al respecto, advirtieron que uno de los investigados en la causa -se refirieron al diputado nacional Gerardo Milman, aunque sin nombrarlo- "tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación", es decir, Patricia Bullrich, "en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal".

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", reclamaron y sostuvieron que su alojamiento en una cárcel común "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados".

En tanto, el TOF N°2 es el encargado de definir los pasos para que se haga efectiva la condena de la dos veces jefa de Estado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En primer lugar, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu deben informarle que queda arrestada.

Para ello, fijaron -tanto para ella como para el resto de los sentenciados- un plazo de cinco días para presentarse en Comodoro Py. Cuando lo hagan, el tribunal deberá determinar el modo en el que cumplirán sus penas: dado que la concesión de la prisión domiciliaria puede llevar tiempo, la exmandataria tendrá que quedar alojada en una unidad penitenciara o dependencia de alguna fuerza de seguridad hasta que se resuelva su situación.