En el marco de la Causa Vialidad, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2, le notificó en las primeras horas de la tarde la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y evitó así su traslado a Comodoro Py, que estaba previsto para este miércoles.

En el escrito también se detallaron las condiciones del arresto bajo esa modalidad, entre las cuales se incluye el uso de tobillera electrónica y algunas restricciones.

El magistrado resolvió otorgar la posibilidad de la prisión domiciliaria, a pesar de que en el inicio de la jornada, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían expresado en contra del pedido de la defensa de la exmandataria con respecto a ese beneficio. 

Así, la instancia judicial se cumplió sin necesidad de traslado y Cristina ya quedó detenida en el departamento de su hija Florencia, ubicado en San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.

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Asimismo, la dos veces jefa de Estado deberá utilizar tobillera electrónica. Además, le impusieron tres obligaciones:

  • Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
  • Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
  • En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

En ese contexto, los gestos desde los balcones —como los saludos y arengas a la militancia que se repitieron en los últimos días— podrían interpretarse como una transgresión al régimen de detención, y serían evaluados por el tribunal en caso de ser denunciados o constatados por las autoridades.

A propósito de la sede ubicada en Capital Federal, el Gobierno porteño había solicitado que la prisión domiciliaria no se otorgara en el inmueble de San José al 1100, bajo la justificación de que la presencia de la exmandataria en su domicilio podría generar alteraciones en el orden público y la seguridad.

La presentación había sido realizada por la Procuración General de la Ciudad, bajo la instrucción del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En el escrito se manifestó la "preocupación institucional" por el impacto que esa medida tendría sobre la movilidad urbana y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad.