En el marco de la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que se revise la sentencia para agravarla a 12 años de cárcel al sumarle la imputación por asociación ilícita.

De esta forma, ahora sólo resta que defina la Corte Suprema, luego de que Casal mantuviera la acusación planteada por el fiscal de Casación Mario Villar contra la exmandataria, cuya defensa previamente solicitó la absolución total, además de la recusación del juez Ricardo Lorenzetti.

Es decir, el pedido de la Procuración apunta a que la dos veces jefa de Estado y una vicepresidenta de la Nación no solo sea castigada por fraude en relación con actos de corrupción ligados a 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, sino que se le sume la pena por la que fue inicialmente absuelta en el juicio.

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El pasado 5 de mayo, Kirchner recusó a Lorenzetti, argumentando un intento de "proscripción", en base a una serie de declaraciones que el magistrado vertió durante una entrevista televisiva. "Proscribir es el verbo... y el sujeto, el peronismo", indicó la exmandataria desde su cuenta de X ese mismo día.

Los dichos "no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos".

Tras el actual pronunciamiento de Casal, el Máximo Tribunal debe emitir su fallo y decidir si rechaza todos los recursos de presentados por la defensa y la parte acusatoria, y confirma la condena a seis años, o si abre los recursos de queja presentados tanto por la presidenta del Partido Justicialista (PJ) como por el Procurador.

El órgano más alto del Poder Judicial, que podrá aplicar su propio criterio independientemente de la opinión de Casal, debe analizar tanto el reclamo de la parte condenada como de la fiscalía, quienes pidieron -respectivamente- la absolución y el recrudecimiento de la pena.

Ambas presentaciones tuvieron lugar después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara sus apelaciones a la sentencia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.

Ahora, Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz deberán resolver si estudian los planteos de las partes, referidos a la investigación sobre la existencia de corrupción en la asignación de obra pública santacruceña entre 2003 y 2015. Con su dictamen darán por terminado el debate judicial en el país en torno al caso.