Tras la ratificación de la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la expresidenta y el resto de los condenados no sólo deberán cumplir una pena de prisión sino que también deberán devolver al Estado casi $85.000 millones por las maniobras ilícitas realizadas en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En rigor, el monto establecido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 como sustraído de las arcas públicas fue de $84.835.227.378,04. Al tipo de cambio de ese momento -de $176 por dólar- la suma era de casi USD 483 millones.

A esa cifra hay que añadir actualizaciones que, según el criterio, puede ser la de la tasa activa del Banco Central, la pasiva del Nación o el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En total, el número ascendería a alrededor de USD 500 millones.

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Sin embargo, el monto final y definitivo del decomiso, que todos los condenados deberán pagar de forma solidaria, lo definirá el TOF N°2 en las próximas semanas. Asimismo, resta establecer cómo se dividirá entre los sentenciados.

Además de Kirchner, a quien también se la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, los alcanzados por la medida son el empresario Lázaro Báez; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; y los exfuncionarios de ese organismo Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

En los fundamentos del fallo se subrayó la "certeza" del Tribunal sobre que, "mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional".

Sobre ellos también pesa una demanda civil por daños y perjuicios, que tramita en el fuero Civil y Comercial y por la que deben pagar $22.300 millones por el dinero desviado por corrupción, según determinó la Justicia.