A pedido propio, Alberto Fernández se presentó este viernes en Comodoro Py para ampliar su declaración en la causa Seguros, en la que está acusado por defraudación al Estado por el supuesto direccionamiento en la elección de brokers y sobreprecios en comisiones a intermediarios en la contratación de pólizas para organismos públicos a través de Nación Seguros.

Ante el juez Sebastián Casanello, y junto a su abogada, Mariana Barbitta, el expresidente rechazó las acusaciones, reiteró que trató de implementar una política pública vinculada a las pólizas para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones de manera particular.

Fernández, además, le pidió al magistrado que citara a declarar como testigos a su expareja y exsenadora Vilma Ibarra, al extitular del Banco Central Miguel Pesce, al exministro de Economía Martín Guzmán y al excanciller Santiago Cafiero.

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Según explicaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, el exmandatario respondió durante casi dos horas preguntas de Casanello, la fiscalía y la defensa.

Fernández se presentó en la causa por primera vez ante el juez Casanello, ya que en noviembre del año pasado había sido indagado por el anterior magistrado del caso, Julián Ercolini, a quien recusó y al que no quiso responderle preguntas.

Ahora, quien gobernó entre 2019 y 2013 dio detalles sobre cómo funciona la "industria del seguro", habló de su relación con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria, María Cantero, y puntualizó que la firma de un decreto que habilitó la intermediación en la contratación de pólizas fue parte de una "política pública" y legal.

"Fue una muy buena indagatoria, con un gran clima que la defensa le agradece al juez", subrayó Barbitta en la puerta de los tribunales federales de Retiro.

Casanello tiene que resolver ahora la situación procesal de Fernández y de otros 37 imputados, entre ellos Martínez Sosa y Cantero, todos ellos ya indagados por Ercolini.

La Cámara Federal porteña anuló el jueves la inhibición general de bienes de todos ellos, al entender que ya habían pasado cinco meses desde el final de las indagatorias -la última fue a principios de febrero pasado- sin que se hubieran resuelto sus situaciones, por lo que no había razón de urgencia que justificara esa medida restrictiva patrimonial.