Después de que el fiscal Sebastián Basso pidiera que se emita el pedido de captura internacional contra el líder espiritual de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, para que sea indagado y juzgado por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Teherán convocó al enviado de negocios argentino Mariano Jordan para expresar la condena del país a dicha solicitud. Además, las autoridades de la nación islámica amenazaron con tomar medidas "jurídicas" como represalia, al asegurar que la Justicia argentina "viola los principios y normas fundamentales del derecho internacional".   

La semana pasada, Basso le había hecho la petición al juez Daniel Rafecas para que la reporte a Interpol, en relación con el ataque a la sede en 1994, bajo la presunción de que fue él quien aprobó su ejecución. Khamenei es el máximo referente religioso de Irán desde 1989 y tiene 85 años.

El director general de Asuntos de América de la Cancillería de Irán, Isa Kameli, fue el encargado de transmitir la "enérgica condena" al accionar de la Justicia argentina, que además activó el "juicio en ausencia" contra un grupo de funcionarios iraníes acusados por el atentado.

TE PODRÍA INTERESAR: Causa Vialidad: la Corte Suprema solicitó al Procurador que se pronuncie sobre el pedido de agravar la pena contra Cristina Kirchner

La nota de protesta entregada por Kameli al diplomático argentino consideró que se trata de acusaciones "infundadas" contra las autoridades iraníes, según el comunicado difundido por el ministerio a última hora del martes.

Además, indicó que la presentación de cargos contra los iraníes es "una desviación en el proceso de investigaciones judiciales". "El caso está politizado por la influencia de elementos afiliados al régimen sionista", puntualizó el texto, de acuerdo al reporte de Teheran Times.

Por otra parte, el escrito oficial citado insiste en que la Justicia argentina "viola los principios y normas fundamentales del derecho internacional relativos al respeto a la igualdad soberana y a la independencia política de los Estados". E instó a que las autoridades argentinas deben "corregir el camino", porque sino enfrentarían "consecuencias jurídicas y políticas".

"La República Islámica de Irán se reserva su derecho legítimo de tomar las medidas necesarias y apropiadas de conformidad con el derecho internacional para proteger los derechos e intereses de Irán", subraya el comunicado, según consignó la agencia EFE.

El pasado 8 de abril, la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) le pidió a Rafecas que inicie el proceso de "juicio en ausencia" ahora habilitado por ley a diez prófugos acusados por el atentado del 18 de julio de 1994. La fiscalía considera que esta medida le permitirá a la Argentina avanzar en la investigación y juzgar a los responsables del ataque que causó 85 muertos, lesiones al menos a 151 víctimas y numerosos daños materiales.

Los imputados a los que se apunta con esta acción son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. 

Todos ellos fueron declarados rebeldes y saben que existe el proceso en su contra, pero ninguno se presentó jamás ante las autoridades judiciales locales ni ha acatado los requerimientos de las mismas. Además, los correspondientes pedidos de extradición tampoco prosperaron. Ahora se suma el pedido de captura contra el líder supremo.

De acuerdo a lo actuado hasta acá, a casi 31 años del ataque, los fiscales han argumentado que el coche bomba que explotó frente a la sede de la AMIA a las 9:53 de aquel 18 de julio fue el momento cúlmine de un atentado terrorista ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah. Asimismo, consideraron que los implicados operaron con autorización, directivas y financiamiento de quienes se encontraban a cargo del gobierno de Irán y de la embajada diplomática de ese país en suelo argentino.