Justicia de Cabotaje: cumplen en Córdoba los deseos del Gobierno y acorralan a Moyano

El líder camionero fue imputado por una fiscal de Quilmes por supuesto desvío de fondos hacia empresas vinculadas a su familia. En Córdoba adelantaron la medida y podría darle la posibilidad de pedir que aparten al juez
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A una semana del 21-F, la marcha multitudinaria que se desplegó por la city porteña, el panorama judicial del líder de Camioneros Hugo Moyano es cada vez más sombrío. La fiscal Silvia Cavallo decidió imputar al patriarca del clan y a su hijo Pablo por lavado de dinero, mientras que la Justicia cordobesa anticipó que lo citarán en breve por una causa que investiga la compra irregular de terrenos en La Falda.

En consonancia con los deseos del Gobierno, mientras comenzaba a enfriarse el enfrentamiento mediático, la Justicia comenzó a dar los pasos “formales” para continuar las investigación judicial. En el juzgado de Quilmes están sospechados tanto él como su hijo de supuesto lavado de dinero de las arcas del club Independiente de Avellaneda y los nexos que estos tenían con los barras.

Desde Córdoba también llegaron malas noticias para el líder gremial: inexplicablemente anticiparon una medida judicial (de hecho está prohibido y Moyano puede pedir que aparten al el juez federal Alejandro Sánchez Freytes) y complican su panorama.

La tesis de la Justicia cordobesa indica que en el 2013 Moyano supuestamente lavó dinero y defraudó en la compra (a través del Sindicato de Choferes de Camiones) de terrenos en La Falda, a 70 kilómetros de Córdoba capital. La investigación apunta a que el sindicato pagó 6 millones de pesos por los inmuebles cuando dos meses antes habían sido adquiridos por otra persona a $310.000.  No obstante, el precio de referencia de base es de 964.553 pesos. Aquél margen entre un precio y el otro es el que acrecentó las sospechas. “En la indagatoria podrán explicar si todo es una confusión; ejercer su derecho a la defensa”, explicó el juez.

En Quilmes, la fiscal Cavallo imputó a Hugo y a Pablo por sospechar que desviaron fondos desde Independiente hacia empresas vinculadas con el sindicato de Camioneros.

Mientras comenzaban a menguar -momentáneamente- las aguas del enfrentamiento entre el Gobierno y Moyano, la Justicia tomó cartas en el asunto y aceleró el desembarco del camionero en los estrados judiciales.