A Marcela Losardo le esperan días agitados en el Ministerio de Justicia. Con la expectativa puesta en que el Congreso trate el proyecto oficialista para eliminar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial, la ministra tiene una triple misión: pactar con la oposición, evitar que se judicialice la normativa y contentar a los jueces.

Ninguno de los tres objetivos parecen ser sencillos. Es que la disputa por la modificación de los haberes jubilatorios de los jueces afecta a sectores con bastante capacidad de lobby. La intención del Gobierno era tratar el proyecto durante el verano en las sesiones extraordinarias. Pero los plazos se achican y sólo quedan dos semanas para el discurso de apertura de Alberto Fernández para inaugurar las sesiones ordinarias.

En teoría, el proyecto sólo alcanza a magistrados y funcionarios judiciales de alto cargo, a quienes les sostienen el 82% móvil, pero sobre el promedio de los últimos 120 salarios y no del salario que cobre en su retiro. Eso reduciría su haber a un 60%. Además, para las jubilaciones de privilegio, la intención es que se aumente la edad jubilatoria a 65 años, tanto para hombres y mujeres. "No me parece tan tremendo el proyecto", dijo Losardo en Radio La Red.

El acuerdo con la oposición merece un capítulo aparte. La unanimidad que esperaba el Frente de Todos en ambas cámaras no parece tan firme. Desde la oposición (en especial, Cambiemos) piden mayores precisiones sobre la letra chica y alertan que la Corte ya falló en contra de la intangibilidad de los depósitos. Pero sobre todo, exigen que no sea un trámite exprés. "Queremos saber si el gobierno está dispuesto al debate", fue el argumento que dieron desde el interbloque de Juntos por el Cambio.

El diálogo con los jueces (en pleno retiro de pliegos)

La última misión es quizás, la que más tiempo le destina Losardo: convencer a los jueces de reducir -en parte- sus haberes jubilatorios no parece ser una opción sencilla.

La Asociación de Magistrados y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal ya reclamaron la participación en la escritura del anteproyecto de ley. Además, desde el Consejo de la Magistratura pidieron la "necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" sobre la normativa. Para el organismo, la nueva reforma  generaría "graves efectos".

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Si bien desde el Ministerio de Justicia no brindaron muchos adelantos, una de las cartas que utilizaría el Gobierno será el envío de los pliegos para nombrar nuevos jueces. A principios de su mandato, Fernández ordenó retirar 200 candidaturas que había promovido Macri y pidió revisarlas una por una. En ese sentido, los pliegos serán enviados, de nuevo, con la firma del Presidente. Y el apoyo (o el rechazo) de las jubilaciones de privilegios podría ser un factor a considerar.