La Ley de Urgente Consideración, popularmente conocida por sus siglas “LUC”, llegó al Parlamento uruguayo con el gobierno de Luis Lacalle Pou en marzo de 2020. Fue la primera ley que promovió el Poder Ejecutivo, y pasó con mayoría parlamentaria gracias a la “coalición multicolor” de partidos de derecha que se formó durante la última campaña electoral.

¿Qué es la "LUC"? Se trata de un conjunto de 476 artículos que cambiaron varias normas, la ley insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Abarca muchas áreas. Por ejemplo, dentro de los artículos vinculados a la seguridad pública se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de drogas y se crearon nuevos delitos. También, el nuevo cuerpo jurídico propone reformas educativas y la creación del Ministerio de Ambiente.

Tratamiento legislativo

El texto jurídico entró al Poder Legislativo con 501 artículos y salió con 476. En el transcurso hubo muchos cambios. Los más relevantes durante los 76 días de tratamiento ocurrieron en el Senado, sobre todo en el capítulo de seguridad. También se retiraron algunos artículos polémicos, como la libre importación de combustibles y el uso de infraestructura de Antel (compañía telefónica) por parte de privados, promovidos originalmente por el Presidente. En Diputados, el oficialismo al final retiró los cuestionados artículos que modificaban el régimen de áreas protegidas. 

El Presidente Lacalle Pou, impulsor de los cambios.
El Presidente Lacalle Pou, impulsor de los cambios.

Diez puntos clave de la Ley de Urgente Consideración, insignia del gobierno de Lacalle Pou

 Se incluyen cambios en legítima defensa: se modifica el artículo 26 del Código Penal que establece que no hay responsabilidad cuando hay “necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”. Pero se agrega que el medio “se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida”. Y también que “la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.

 Policías, agravios y porte de armas: la ley propuesta por Lacalle Pou agrega al Código Penal un artículo que expresa que “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Además, se establece el derecho al porte de armas de policías en retiro y en otro artículo el derecho a la tenencia y porte de armas por parte de militares retirados.

 Espacios públicos y piquetes en la calle: se modifica el Código Penal y se establece que “el que ocupa espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos”, será intimado a irse. Si eso no sucede, se castigará con una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario. También se declaran "ilegítimos" los piquetes y se establece que la Policía preservará los espacios públicos o privados de uso público. 

 Más penas para los menores de edad: la ley introduce modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, aumentando de cinco a diez años las penas por homicidio intencional agravado, violación y abuso sexual. 

 Modificaciones en el sistema educativo: con respecto a la educación, se eliminaron los consejos desconcentrados, se incorporaron nuevos mecanismos de validación de la formación docente y nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes. Las reformas de seguridad y de educación son las temáticas más candentes a nivel público y, a su vez, las propuestas que más identifican al gobierno de Lacalle Pou.

 Cambios en inclusión financiera: una de las modificaciones principales es el cambio en el artículo 10 de la ley de inclusión financiera, para permitir que los trabajadores cobren en efectivo y no solo por vía electrónica. Así, se establece que el pago de los sueldos “podrá” (y no “deberá”, como decía tradicionalmente la ley anterior) efectuarse a través de una cuenta bancaria. 

 Cambio en el precio de los combustibles: se incluyó un artículo que plantea que el Ejecutivo aprobará el precio de venta de los combustibles, con un informe previo de la autoridad competente. El Poder Ejecutivo actualizará los precios al menos cada 60 días según lo considere conveniente.

 Creación del Ministerio de Ambiente: se crea el Ministerio de Ambiente, que “fijará la política nacional ambiental, de ordenamiento ambiental y de desarrollo sostenible y de conservación y uso de los recursos naturales”. Se reemplaza así la Secretaría del Cambio Climático, creada en 2015 por el gobierno anterior del Frente Amplio.

 Libertad de trabajo y derecho de las empresas: el artículo 392 de la LUC dice que el Estado “garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. De esta forma, intenta respetar el derecho a huelga y, a su vez, la posibilidad de que los directivos u otros trabajadores ingresar a sus lugares.

 Reforma del Sistema Previsional: el artículo 393 crea la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que funcionará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el cometido de presentar un informe de diagnóstico preliminar sobre el futuro del sistema previsional en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar. 

La sociedad uruguaya se dividió entre quienes apoyaban la iniciativa de Lacalle Pou y quienes se oponían.
La sociedad uruguaya se dividió entre quienes apoyaban la iniciativa de Lacalle Pou y quienes se oponían.

Resultado del Referéndum 

Con el 96% escrutado, el NO obtenía 1.047.721 votos frente al SÍ con 1.026.160. Además, los votos en blanco ascendían a 27.708 y, de acuerdo con las normas del referéndum, son considerados a favor de la postura gubernamental. De esta forma, los votos en blanco consolidan los apoyos a las reformas de Lacalle Pou, y se reducen los rechazos. La votación fue obligatoria para los más de 2,6 millones de electores censados 

Por último, el presidente de la Corte Electoral de Uruguay, José Arocena, definió la jornada como "ejemplar", y destacó que "no hubo absolutamente ninguna denuncia", a la vez que calculó que la participación del electorado estuvo alrededor de un 85%.