El Supremo Tribunal Federal de Brasil inicia este lunes el juicio a Jair Bolsonaro, quien fue acusado de haber planificado un intento de golpe de Estado junto a otros siete de sus máximos colaboradores en 2023, contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los exfuncionarios imputados podrían tener una pena de hasta 40 años de prisión en caso de ser hallados culpables. Entre los apuntados se encuentran quien fuera el ayudante de campo de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem; y los exministros de Justicia, Anderson Torres; de Seguridad Institucional general Augusto Heleno Ribeiro; de Defensa general, Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia general, Walter Braga Neto.

En esta jornada, comenzará por videollamada el interrogatorio de los 82 testigos citados por la Fiscalía, en el marco de un juicio penal abierto por la máxima instancia judicial brasileña contra el expresidente y sus aliados mencionados. El tribunal escuchará en diferentes audiencias programadas entre el 19 de mayo y el 2 de junio.

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Los implicados fueron señalados como autores intelectuales del ataque contra las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula. Los históricos inmuebles damnificados fueron el Palacio del Planalto, el Parlamento y la sede del Poder Judicial en Brasilia.

En marzo pasado, los cinco miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema fallaron por unanimidad que existen indicios suficientes para juzgar a los ocho acusados por cinco delitos graves.

Sucesivamente, los cargos presentados fueron por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Así, el interrogatorio marcará el inicio de la fase de instrucción criminal del proceso, durante la que defensa y acusación recogen pruebas y solicitan pericias y diligencias complementarias para aclarar circunstancias o hechos. Luego, el tribunal tendrá que definir las fechas en que entrevistarán a los enjuiciados y en las que escuchará los alegatos finales.

Finalmente, los cinco magistrados responsables por el proceso dictaminarán sobre el destino de los sentados en el banquillo de los acusados, lo que está previsto entre septiembre y octubre de este año.