México llevó a cabo este domingo unos comicios únicos en el mundo, en los cuales sus ciudadanos votaron para elegir a todos los jueces del país. La medida apunta a terminar con un sistema plagado de corrupción -en el que violentos cárteles de la droga y muchos miembros del poder económico y político buscan alterar la administración de justicia- aunque muchos advierten sobre los peligros de la reforma que busca poner fin a la impunidad, pero podría despertar nuevos conflictos respecto de la independencia de los poderes.

Se trató de la elección de unos 880 magistrados federales -incluidos los ministros de la Suprema Corte- y 1.700 autoridades jurídicas regionales. Las urnas estuvieron abiertas hasta las 18 locales (21 de Argentina), mientras que otra selección para completar las entidades restantes tendrá lugar en 2027.

"Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas salieron a ejercer, por primera vez en la historia, su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces", indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hoy no solo elegimos personas. Elegiremos el tipo de justicia que queremos para nuestro país", había adelantado Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, al inaugurar la jornada, que calificó como un "desafío sin precedentes". Además, finalizada la jornada informó que el estimado de participación ciudadana fue de entre 12,57% y 13,32%.

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La votación inédita es el eje central de una reforma judicial con la que el gobierno de Sheinbaum propone acabar con la arraigada corrupción e impunidad del Poder Judicial. Con todo, también surgieron preocupaciones desde otros sectores en relación con la posibilidad de que esto facilite a los criminales su influencia en las cortes mediante amenazas o sobornos.

Entre los requisitos para que los candidatos se presentasen para ser elegidos figuraban: tener un título en Derecho, experiencia y "buena reputación", así como carecer de antecedentes penales. En este contexto, hay algunos indicios de que la jornada tendría escasa participación, en parte por la complejidad del ejercicio. 

"Hay razones para creer que las elecciones pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial", declaró en la previa Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, a la agencia internacional AFP. Además, puntualizó que implican, además, "un riesgo de que el electorado no elija a los candidatos basándose en su mérito".

Por su parte, Sheinbaum sostiene que solo quienes desean mantener la "corrupción y privilegios" del ámbito de la Justicia denuncian una elección "amañada" para favorecer al partido gobernante. "Nada más falso. Ahora lo que queremos es que el pueblo de México decida", expresó la mandataria izquierdista en las últimas horas a través de un video.

Otros también llamaron la atención sobre estos comicios, ya que consideran que es probable que los cárteles intenten influir de alguna manera en los resultados, como indicó -por ejemplo- Luis Carlos Ugalde, consultor y expresidente de la autoridad electoral mexicana.

En tanto, Carlota Ramos, la abogada que además es subdirectora del despacho de Sheinbaum, reconoció que pese al peligro concreto de que las mafias se infiltren en las instituciones, esto es algo que ya ocurre de modo "invisible". "Tenemos cortes y tribunales locales completos que han sido efectivamente capturados por el crimen organizado", apuntó la funcionaria, quien participó en la selección de candidatos y añadió que el nuevo sistema dará lugar a un mayor escrutinio de los aspirantes.

Sin embargo, ese es justamente el punto débil que detectan desde el otro lado. La organización Defensorxs ha identificado cerca de 20 candidatos "riesgosos", incluida Silvia Delgado, antigua abogada del capo Joaquín "Chapo" Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa actualmente preso en Estados Unidos.

La reforma había sido defendida previamente por el predecesor y mentor de Sheinbaum, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se enfrentó frecuentemente con los tribunales y apuntó a ellos como responsables de servir a la élite política y económica.