La empresa postal de Patricio Farcuh, OCA, recibió un nuevo guiño por parte del Gobierno en su intento de generar una mayor convivencia con el líder sindical Hugo Moyano para poder tratar la reforma laboral en los primeros meses del 2018. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le prorrogó a la empresa de correos -que cuenta con más de siete mil empleados- las licencias para operar por 30 días más.

OCA tiene un pasivo con la AFIP por más de $3400 millones. Más de dos tercios de ese monto entraron al concurso preventivo. Desde ENACOM esperaban la llegada de informes realizados por la AFIP y la Justicia en lo Civil y Comercial, pero el hecho de que los mismos no fueron entregados sirvió como aliciente para dictar la prórroga. Farcuh, el dueño de la empresa, está fuertemente vinculado a Moyano.

OCA está denunciada por un presunto delito como es el de no haber realizado los aportes patronales y previsionales de sus empleados, por lo que muchos comparan la situación de la empresa postal con la de Grupo Indalo. La diferencia con la empresa de Cristóbal López es que Indalo no tiene un concurso preventivo abierto y que sus dueños están acusados de defraudación.

La prórroga subyace de la apertura del concurso preventivo por unos $2500 millones. El juzgado de Lomas de Zamora, donde fue realizado el mismo, aún no envió información del alcance del recurso.

Abrochar el reformismo permanente

De esta manera, el Gobierno le da un guiño a Moyano en los meses previos al intento de la sanción de la reforma laboral, la última, más importante y difícil de la ola de modificaciones que encaró el Ejecutivo tras la victoria electoral del año pasado. Además, el costo político de las sanciones previas se suma a las complicaciones del intento de abrochar el "reformismo permanente”.

Por otra parte, ante la magnitud de los sucesos venideros, el Gobierno acelera en su cacería de sindicalistas y les marca la cancha a aquellos que pueden entorpecer sus jugadas: apura la modificación del decreto 576/93, que reglamenta la ley 23.660, para que los dirigentes de obras sociales y sindicatos hagan públicas y libres sus declaraciones juradas integrales, según consigna Clarín.