Gana Mariu su propio partido y le pone fin a las jubilaciones de privilegio en la provincia

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Sin la resistencia que tuvo la reforma previsional que impulsó el presidente Mauricio Macri y con el espaldarazo de contar con los $ 65.000 millones por año que resultaron del pacto fiscal, la gobernadora María Eugenia Vidal terminó con las jubilaciones de privilegio. Con una legislatura blindada por más de 800 efectivos policiales, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó un paquete de leyes para combatir el déficit, podar el gasto político y eliminar privilegios.

Gobernadores, vicegobernadores y legisladores no tendrán más las denominadas “jubilaciones de privilegio” que comparativamente representa más del 7% del presupuesto 2018, sancionado en noviembre en un trámite express. Además, cada legislador gozaba -hasta ahora- del beneficio del 82% móvil.

Los legisladores debían tener 55 años (que subirá escalondamente hasta los 65 en el 2028) para poder jubilarse, unos diez años antes del régimen actual, y computar 30 años o más de aportes. Pueden computar diversos aportes en diferentes áreas del Estado y “tener como mínimo dos años de antigüedad en el ejercicio del mandato de legislador”. El sueldo de un diputado ronda los 70 mil pesos. No obstante, no todos los sueltos son iguales: no cobra lo mismo una autoridad de cámara o jefes de bloque. El salario ya cuenta con el plus de desarraigo, movilidades, etc.

El paquete de leyes, de la cual era parte esta iniciativa, tenía como fín “recortar” el gasto político y terminar con privilegios. Una de las leyes clave fue la ley de Ministerios que elimina a partir de ahora más de 221 cargos y la “ampliación” de la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas tanto en legisladores como personal judicial, sindical e intendentes.

“La Constitución provincial consagra en su artículo 11 la igualdad de todos los habitantes de la provincia, y lo propio hace el texto de la Carta Magna respecto de todos los ciudadanos argentinos en su artículo 16. Por ello, es lógico y plausible comenzar a eliminar todos aquellos beneficios sectoriales que, a la luz de la situación del resto de la ciudadanía, pudieran visualizarse como situaciones privilegiadas o ventajosas”, dice el proyecto.