Mientras la Cámara de Diputados discutía el proyecto que busca aprobar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba una multitudinaria movilización de la izquierda en contra del acuerdo. Tal como contó Cristina Fernández de Kirchner, en un momento dado los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra el parlamento y algunas de ellas entraron por las ventanas e impactaron contra el despacho de la vicepresidenta. Según la titular del Senado, el ataque fue planeado y ejecutado deliberadamente contra ella.

A partir de allí, se abrió una investigación para encontrar a los responsables y en la noche del lunes quedó detenido el primer sospechoso directo con el atentado. ¿De quién se trata y cómo siguen las causas?

¿Quién es? Se trata de Jaru Alexander Rodríguez, un joven de nacionalidad venezolana que milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Es uno de los ocho sospechosos del atentado al despacho de la vicepresidenta que fueron identificados por el software de reconocimiento facial de la Policía Federal Argentina (PFA).

El operativo. Los encargados de llevar a cabo la detención fueron la Policía de la Ciudad y la DDI de San Isidro en colaboración con las fuerzas de seguridad bonaerenses. Rodríguez fue encontrado en un domicilio de Acassuso junto a otras personas –dos hombres y dos mujeres– que también fueron detenidas por la tenencia de 51 plantas de cannabis en el marco de la Ley 23.737.

Las dos causas. Por un lado, un expediente tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y Faltas 23 –a cargo de Norberto Circo– y la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron quienes ordenaron los allanamientos del lunes por la noche. El primero fue realizado en Florencio Varela, en la sede central del MTR. Allí no se detuvo a nadie, pero fueron incautadas banderas y otros elementos que se habrían utilizado durante la manifestación del jueves pasado frente al parlamento. Después, realizaron una segunda intervención en Zona Norte donde detuvieron a Rodríguez. En paralelo, una segunda causa es instruida por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien identificó a las ocho personas como presuntas autoras materiales de “daños agravados” e “intimidación pública”. En ese expediente, figura Carlos Rívolo como el fiscal a cargo.

La palabra del ministro. Tras la pedrada y el revuelo generado en el ámbito público por el atentado, Anibal Fernández, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, informó el curso de la investigación y adelantó que “está muy avanzada”. “No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque las marcas rojas no son una casualidad", planteó el funcionario.