Como previa al fin de semana largo, los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi sellaron la suerte de Cristóbal López y Fabián De Sousa y los mandaron de vuelta a la cárcel. En disidencia, votó la jueza Ana María Figueroa.

Hornos se encargó de realizar las primeras 100 páginas de las 148 que se llevó el fallo. Ahí, describe el "complejo engranaje de maniobras destinadas a desviar el ingreso debido de los impuestos por parte de Oil Combustibles”.

La causa también incluye al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray que, al mejor estilo Bailando por un Sueño, fue "salvado” de ir a prisión por el fiscal Raúl Plee. Su colega Germán Moldes había reclamado cárcel para el ex funcionario pero ayer Pleé no lo puso en su pedido.

Para Casación, la plata que debía ser para el pago de impuestos se utilizó para financiar el funcionamiento y desarrollo del Grupo Indalo. Hornos aseguró que se trató de una "alianza” que contó con la ayuda de los funcionarios que debían cuidar los "intereses nacionales".

Con respecto a la prisión preventiva, Hornos retomó el argumento de Ercolini sobre que Lopez y De Sousa intentaron vender sus bienes cuando había sobre ellos una inhibición. Se refiere al episodio que involucró la supuesta venta del grupo a Ignacio Rosner. Dijo que sería un "riesgo procesal” para la causa dejarlos en libertad y recordó la capacidad económica que tienen ambos.

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Ignacio Rosner, el comprador de Indalo a través de OP Investment.

En el voto de Riggi, se sigue una línea similar. Tuvo críticas fuertes a Echegaray ("le otorgó de manerar sistemática, irregular y deliberada especiales planes de pago”) y habló de una maniobra "burda y escandalosa” para referirse a los 8000 millones que no fueron abonados.

Como la roja al jugador de fútbol que putea al árbitro, Riggi hace hincapié como motivo de restricción de libertad de Cristobal las declaraciones que dio después de salir de prisión. "Acabo de salir de estar 97 días secuestrado”, había acusado.

Para el juez, esa manifestación muestra un "irrespetuoso desconocimiento de las atribuciones legales” que tiene Ercolini. Afirmó, después, que se trató de la "negación de la legitimidad judicial y del funcionamiento mismo del Estado de Derecho”.

Tal como había pedido el fiscal, todo volvió a lo que Ercolini dictó en diciembre: el delito volvió a ser administración fraudulenta, las detenciones se convalidaron y el embargo volvió a los 17 mil millones. Como si el fallo de Cámara que los revirtió nunca hubiese existido. Causalmente, los jueces que lo escribieron ya no pertenecen al principado de Comodoro Py.