Una hora antes de que Polonia se enfrente a Senegal, el fiscal federal Federico Delgado deberá ir hasta el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. No lo hará como otras veces, por alguna causa sino que tiene que presentarse en indagatoria, acusado de violación del secreto de sumario.

Esta indagatoria nace desde el momento en que Delgado comenzó a intervenir en la causa Time Warp. Después de que la Cámara Federal lo apartara por "el desinterés" que mostraba en "el descubrimiento de la verdad objetiva" dentro del expediente. Con un lenguaje más duro del habitual en Retiro, Martín Irurzun y Eduardo Farah decidieron sacarlo por pedido de una de los acusados, el abogado Víctor Stinfale.

¿Cómo llegó Delgado a tener una denuncia penal en su contra? Stinfale lo acusó de haber violado el secreto de sumario que impuso el juez Sebastián Casanello entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2016, cuando recién comenzaba la investigación. La hipótesis sostiene que el fiscal habría revelado información "sensible" que él conocía por su trabajo y se la habría suministrado a diferentes medios de comunicación.

La hipótesis es que el fiscal Delgado habría filtrado a los medios información sensible de la causa

Martínez De Giorgi en su resolución de hoy puntualiza no sólo lo que se filtró en los medios sino que trae  el fallo de Cámara Federal y las irregularidades que habría cometido Delgado. En palabras judiciales, todo este panorama "coadyuva al estado de sospecha y abona la decisión que se adopta".

El límite es difuso: ¿hasta dónde puede un miembro del poder judicial o de los ministerios públicos hablar sobre causas que están en trámite? Según el Código Penal, el expediente es secreto durante la instrucción y sólo pueden conocerlo las partes. Por supuesto que en la mayoría de los casos esto no se cumple y menos en las causas donde hay interés público.

En los últimos años, jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras parecieron percatarse de que hablar únicamente por sus resoluciones no es suficiente. Básicamente, por el idioma utilizado en ellas y por el alcance escaso que tienen. La comunicación de un acto que involucra a uno de los poderes del Estado es fundamental. Otra vez, los grises: ¿cómo se comunica sin poner en riesgo la investigación ni perjudicar a los potenciales imputados?

Y las preguntas siguen: ¿es correcto que algún integrante del Poder Judicial, algún fiscal o defensor revele medidas que va a tomar o pedir? Los/as periodistas estaríamos contentos/as con la primicia. Pero, ¿ayudaría en todos los casos al esclarecimiento del hecho o entorpecería? ¿Cómo se balancea el derecho a informar con las garantías constitucionales? Lo debatimos después del Mundial.