Tras una prisión que se extendió tres meses, Cristobal López consiguió finalmente su ansiada libertad. La Cámara Federal, con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, ordenó que el empresario y su socio Fabián de Souza sean liberados.

La decisión estuvo peleada. El juez Leopoldo Bruglia, que ayer consiguió que se aprobara su traspaso a la Cámara Federal de manera definitiva, votó por mantenerlos presos. Pero llegó Farah a desempatar y perdió.

La causa por la que estaba preso Cristobal es la del incumplimiento en el pago de impuestos que debía abonarle a la AFIP como accionista de OIL Combustibles. El juez Julián Ercolini lo había procesado en diciembre por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administracion pública.

Los jueces de la Cámara cambian justamente eso: consideran que se trató de una "apropiación indebida de tributos”, que tiene una pena que va de los dos a los seis años de prisión.

El fallo comienza con el voto de Bruglia, donde se destaca que de los 31 meses investigados entre mayo de 2013 y noviembre de 2015, sólo se pagó en cinco oprtunidades: dos meses en 2013 y tres en 2014. Y sostiene que el dinero se utilizó para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo. Fue el único que sostuvo, además, la calificación que le dio Ercolini al caso.

"Los años '80 experimentaron el furor de un juego para computadoras de origen soviético. En él se alentaba a sus usuarios a ensamblar entre sí una serie de piezas geométricas que aparecían en la pantalla cada vez con mayor velocidad". Con ese párrafo comienza el voto del juez Ballestero, que explica y compara las causas de Cristobal y las de Cristina Kirchner con un tetris.

Lo interesante del voto es que Ballestero se pregunta, en concreto, qué se hizo con la plata de los impuestos que no pagó Cristobal. Según algunas denuncias (y como dice Bruglia), fue utilizado para incrementar el patrimonio de las otras empresas del Grupo. Según otra causa, el dinero terminó en Néstor y Cristina.

Lo que solicita el juez, inmediatamente después, es que se debe dilucidar justamente ese punto para saber si es parte del "intrincado rompecabezas" que son las causas que enfrenta la ex presidenta o si, por el contrario, se trató de una movida para beneficiarse ellos mismos.

¿Por qué los liberaron?

Ballestero es filoso contra Ercolini: "En pocas palabras, López y de Sousa están presos para asegurar la reparación del daño patrimonial generado por el hecho. Si no fuera porque la libertad de dos personas es la que sufrió el descarrío del caso, no podría dejar de tildar de hilarante que esa misma razón fuera invocada para el embargo”.

"Lo que el juez dispuso no fue un procesamiento, sino un embargo con prisión preventiva”, dice Ballestero. Y argumenta, con mucha dureza contra Ercolini, que ni siquiera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pide el encarcelamiento como forma de reparar el daño causado por este tipo de delitos.

"Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompñanado hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a De Sousa”, dice Ballestero. "No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial. Pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual”, cierra, irónico.

Farah se limita, en unas pocas páginas, a coincidir con el criterio de que no está justificada en absoluto la prisión preventiva de ambos empresarios, que deberán ser liberados en las próximas horas desde Ezeiza y Marcos Paz.

Sin embargo, y a pesar de que le redujeron sus embargos a la mitad (de 17.042 millones a 8.945 millones), su panorama judicial sigue siendo complejo. La causa de OIL sigue vigente, la crisis en las que ¿fueron? sus empresas continúa (con un expediente por los no aportes) y no podrán disponer de gran parte de sus bienes. Cristobal esta involucrado, además, en la causa Los Sauces. Libres pero no tanto.

La situación de Echegaray

El ex titular de la AFIP también está en este expediente acusado y procesado por haberle concedido sistemáticamente las facilidades para pagar el impuesto. Para él, la calificación también cambió y, como era funcionario público al momento de los hechos, le cabe una pena mayor que a los empresarios.