El 20 de julio, cuando el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) cumplía 120 días, se inició una toma de tierras en Guernica. En pocos días, más de 2.500 familias ocupaban una extensión de 100 hectáreas. De acuerdo al relevamiento realizado de las personas que se encuentra en el predio, la mitad son de Presidente Perón y la otra mitad proviene de municipios aledaños. 

Así comenzó la ocupación de tierras más grande de la Provincia de Buenos Aires que, durante la cuarentena, registró alrededor de 3 mil hechos de esta naturaleza. Un concejal del PRO, Guido Giana, denunció que a mediados de julio intentaron usurpar un campo de 300 hectáreas contiguo al terreno ocupado actualmente en Guernica.

Recién a mediados de septiembre, luego de la orden de la Cámara de Apelaciones de La Plata, el juez de garantías Martín Rizzo resolvió el desalojo el predio con fecha el 24 de septiembre. En ese momento, por la magnitud y volumen de la toma, el gobierno bonaerense intervino a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque que solicitó su postergación hasta alcanzar un acuerdo con los ocupantes.

El magistrado accedió en dos ocasiones ya al pedido. Primero demoró la ejecución del desalojo hasta el 1 de octubre y, luego nuevamente, hasta el día de hoy. Durante estas semanas, la cartera comandada por Larroque montón una serie de carpas alrededor del predio para hacer firmar un acta acuerdo para desalojar el lugar a cambio de subsidios y la promesa de inclusión en el plan de vivienda provincial. Hasta el momento, el funcionario aseguró que "600 familias" aceptaron la propuesta y se retiraron pero que el conflicto persiste por un núcleo organizado por agrupaciones de izquierda.

Desde las fuerzas políticas y sociales -relacionadas al FIT o grupos cercanos- que representan a los ocupantes aseguran que es falso y que las cifras son inversas: sólo un puñado habría aceptado la oferta oficial mientras que la gran mayoría optó por continuar en el lugar. Los cuestionamientos a las personas en el predio también llegaron desde Juntos por el Cambio que apuntaron que, durante la noche, el lugar "queda vacío".

Una delegación de diputados opositores encabezados por Cristian Ritondo, junto a Carolina Píparo y María Luján del Rey, entre otros, visitaron Guernica para acompañar al concejal Giana en su reclamo contra los intentos de intrusión en su campo.

En este contexto, en los últimos días todo indicaba que el gobierno de Axel Kicillof se aprestaba a cumplir con la orden de desalojo que comenzaba este jueves, incluso con un pedido especial de Sergio Berni para movilizar más de 4 mil efectivos de la Bonaerense para el operativo.

Finalmente esto no ocurrió porque se fijó una nueva mesa de negociación para hoy a las 10 de la mañana y el despliegue de la fuerza policial fue suspendido. Ahora el tema ingresó en un limbo, con una medida judicial que tiene plazo hasta el 30 de octubre para cumplirse pero sin certezas de cómo evolucionará la medida. El gobernador aseguró que no pediría una nueva prorroga pero, en los hechos, está incursionando en una suspensión para abrir otra instancia de diálogo. El temor por el costo político de una represión con incidentes frente a manifestantes organizados es una preocupación latente dentro del Ejecutivo provincial. 

A contrarreloj, Kicillof busca destrabar una toma que se va convirtiendo en emblemática en una provincia fuertemente golpeada por el impacto de la pandemia y la crisis económica. Esta misma semana, la Bonaerense desalojó una ocupación de 300 familias en Rafael Castillo, La Matanza. La diferencia entre una y otra podría ser que esta última no alcanzó la centralidad mediática que tienen actualmente las 100 hectáreas en Guernica.

“La demora del desalojo es una radiografía de lo que hoy prevalece en la administración provincial, patear todo para adelante. Lo que pasa en Guernica es una mala señal al conjunto de la sociedad. El Estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida, sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra”, aseguró Ritondo en relación a la indefinición de la gobernación. En tanto, a quien la dirigente del FIT, Myriam Bregman, acusó al titular del bloque de Diputados del PRO de haber visitado el predio para lanzar su candidatura a gobernador.