Mediante la firma del Presidente y el Canciller Santiago Cafiero, fue aceptada y publicada en la última actualización del Boletín Oficial la renuncia de Sergio Urribarri como embajador argentino ante Israel. El Decreto 287/2022 ordena su traslado al país del exembajador tras haber sido condenado en primera instancia a ocho años de cárcel por delitos contra la administración pública.

Vale mencionar que la oposición ya le había reclamado a Cafiero sobre el regreso del funcionario a la Argentina. “Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri. Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales”, reclamó en sus redes el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.

Tweet de Fernando A. Iglesias

De hecho, Iglesias junto a otros legisladores como Waldo Wolff, Rogelio Frigerio, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Marcela Campagnoli y Alejandro Finocchiaro, habían solicitado un pedido de informe al respecto al canciller.

Por su parte, desde el Poder Ejecutivo expresaron que a través de sus reclamos los funcionarios opositores muestran que “desconocen los mecanismos del Estado”, donde se incluía un decreto presidencial.

Desvincularon a Urribarri de la embajada de Israel: renuncia, fallo y decreto

Claves del caso Urribarri 

La palabra del acusado: mediante una carta publicada en el diario Página 12, el exgobernador de Entre Ríos afirmó que los hechos por los que fue condenado consistían “actos de gobierno no judiciables” y compartió los argumentos del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni respecto a la sentencia en su contra.

• Los hechos: según sugiere Urribarri en la mencionada carta, fue condenado por "la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata para difundir el turismo, por la contratación de carteles en rutas y cuatro spots para comunicar acciones de gobierno y por la publicación de una solicitada contra los fondos buitre".  

El fallo judicial: la Justicia condenó a Urribarri a ocho años de cárcel y a una inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos luego de encontrarlo culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y malversación de fondos.

Unanimidad: cabe resaltar que el fallo emitido por la Justicia entrerriana fue unánime. Durante el debate se puso bajo investigación su gestión como gobernador de Entre Ríos entre 2010 y 2015 y se lo acusó de formar parte de un esquema de cartelización que posibilitó desvíos de fondos.