"No son 30 pesos, son 30 años". Esta consigna sintetiza y explica en gran medida los sucesos ocurridos en Chile desde hace un año cuando los estudiantes se rebelaron contra el aumento de la tarifa del metro.

El incremento en el costo de vida desató una serie de protestas y reclamos que, a diferencia de experiencias anteriores como las luchas estudiantiles de 2016, involucró a sectores crecientes de la población como sindicatos y barrios populares.

Así, las manifestaciones contra el aumento no tardaron en vincularse a un modelo social más vasto, forjado y heredado del régimen de Augusto Pinochet. Las marchas, con epicentro en la rebautizada Plaza de la Dignidad, se extendieron a la mayoría del territorio nacional.

La consigna central del movimiento -compuesto por una gran heterogeneidad de expresiones como las asambleas territoriales o las coordinadores sindicales y feministas- fue el reclamo por una "Asamblea Constituyente". Es decir, reforma la Constitución heredada del pinochetismo.

La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue una represión implacable por parte de los Carabineros, con una gran cantidad de denuncias de violaciones a los DDHH y detenciones ilegales. A su vez, el impacto de la pandemia menguó las protestas pero no alteró un estado de malestar extendido que sigue con manifestaciones y acciones callejeras.

Finalmente el presidente se vio obligado a tener que acordar con el resto de los partidos con representación parlamentaria para alcanzar una salida institucional a la crisis. De este modo se llegó a un consenso para convocar al plebiscito constitucional que se realizará el próximo 25 de octubre.

La consulta popular planteará dos preguntas: 1) si acuerda con modificar la actual Constitución, y 2) en caso afirmativo, si la Carta Magna debe ser reformada por una Convención Constituyente compuesto por miembros del Congreso o una Mixta con representantes de la ciudadanía.

Hasta el momento, los sondeos anticipan una mayoría aplastante por el sí a la reforma constitucional, aunque sobre cuál debe ser el mecanismo para hacerlo subsisten diferencias.

Siempre en caso de un sí y la formación de la Convención para modificar la Constitución, el nuevo texto deberá ser refrendado en una nueva consulta popular por la ciudadanía.