La reforma previsional, sea aprobada hoy en el Congreso (como indican los números) o gatillada a través de un DNU, tiene destino judicial. El motivo es conocido: el recorte en los aumentos jubilatorios.

Lo que si discute es si la norma es constitucional o no. Según algunos especialistas en materia previsional, podría ser violatoria de los derechos de los jubilados ya que representaría un retroceso en esos derechos.

La disputa, que podría escalar hasta la Corte Suprema, deberá primero elegir en qué campo se jugará: el fuero de la Seguridad Social o el Contencioso Administrativo Federal. El primero es el más colapsado del mundillo judicial, lleno de juicios y reclamos de haberes de los jubilados.

En el Contencioso Administrativo es dónde terminan todas las causas relacionadas con decisiones del Ejecutivo o Legislativo. En Seguridad Social ya hay un planteo por la reforma pero la duda es si se quedará allí.

La ley podría ser violatoria de los derechos de los jubilados ya que representaría un retroceso en esos derechos

Cualquier decisión, sea a favor o en contra, terminará en una apelación ante cualquiera de las dos Cámaras y luego, una posible intervención de la Corte. Aquí, empezará a jugar la cintura política de varios. Un fallo como el de tarifas dejaría en offside otra vez al Gobierno.

No obstante, un ex cortesano se la jugó hoy por lo contrario: “Es posible pero no creo que la Corte Suprema dicte la inconstitucionalidad”, dijo hoy Raúl Zaffaroni. Será cuestión de esperar el bonito juego de la judicialización de la política.

El DNU presenta otras complejidades. Según la estricta letra de la Constitución, el presidente no lo puede utilizar en materia impositiva, así que habría que ajustar qué es lo que se hace por decreto.

Los decretos de necesidad y urgencia pasan por la revisión del Congreso. Con que una de las dos cámaras no lo rechace, alcanza para validarlo. Así y todo, también podría tildarselo de inconstitucional el DNU, lo que activaría también el camino judicial.