Empresas paralizadas y posibles demandas: la incertidumbre del caso Vicentin (y una nueva oferta)

El Gobierno busca preservar las fuentes de trabajo. La posible venta a Glencore perdió fuerza en las últimas horas.
El Canciller - Comentarios
@luis Alejandro Se necesita una Ley...

Mientras hace malabares para afrontar una deuda de más de $23.000 millones, la empresa cerealera Vicentin les comunicó en las últimas horas a todos sus empleados que sus dos plantas industriales continuarán paralizadas en las próximas semanas. El Gobierno nacional trabaja para brindarle asistencia a los 800 empleados afectados y sigue de cerca la oferta de pago que les presentó la compañía a sus acreedores, la que contempla un plan de abonos en cuotas.

La apuesta de los directivos de la principal exportadora de productos de soja procesada de la Argentina es evitar la convocatoria de acreedores y el pedido de quiebra por parte de alguno de los bancos acreedores. La venta de la empresa a la multinacional Glencore, que se vislumbraba como una salida viable, perdió fuerza en las últimas horas, dado que la oferta realizada era por un precio mucho menor del que precisa Vicentin para esquivar el temido concurso.

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El jueves, el Ministerio de Trabajo recibió al sindicato que representa a los 1000 trabajadores para darles tranquilidad ante la situación. Los sueldos de diciembre fueron pagados a todos los empleados, pero el pago del mes de enero no está asegurado, como así tampoco el último aumento salarial. El pacto entre los discípulos de Claudio Moroni y el gremio de Aceiteros fue preservar las fuentes de trabajo, sin importar cuál sea el futuro de las deudas.

El Poder Ejecutivo es el principal acreedor de la empresa a través del Banco Nación, con un crédito por cobrar de más de $18.000 millones. Según consignó BAE Negocios, la Casa Rosada estudia un nuevo ofrecimiento que consta de un anticipo inicial de U$S 20 millones, casi el 10% de su cartera impaga con el banco estatal.

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En el contexto actual, Vicentín deberá afrontar múltiples demandas judiciales, que hasta el momento no se hicieron efectivas a raíz de la feria judicial que regía durante enero. La semana pasada, la empresa les había propuesto a sus acreedores dolarizar la deuda, sin quitas, con el tipo de cambio comprador del Banco Nación del 4 de diciembre de 2019. El problema fue que esa primera oferta postulaba el pago del 80% de la deuda para el año 2027, por lo que no cayó bien en el sector.

Mientras tanto, el plan de la estatización, esbozado por el exintendente de San Antonio de Areco Francisco Durañona y considerado por el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva, por ahora no corre. Ante la consulta de El Canciller, fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron que hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto.