En una marco de fuerte polarización y tensión política como ocurre desde hace casi dos décadas en el país, Venezuela va hoy a las urnas para renovar el parlamento en una elección que podría ser clave para el futuro político del proyecto chavista.

La Asamblea Nacional se encontraba en manos de la oposición desde 2015 y, producto de esta situación, había sido vaciada y paralelizada por una "Asamblea Constituyente" impulsada por el oficialismo. Ahora, luego de haber resistido varios intentos para ser desplazado del poder, el presidente Nicolás Maduro apuesta a recuperar el control del parlamento.

Para eso cuenta, cuenta con un control férreo del órgano electoral y, especialmente, el logro de haber podido dividir y debilitar a la oposición encabezada por el "presidente en funciones" Juan Guaidó, quien llama a boicotear los comicios.  De ese modo, Henrique Capriles y un armado político impulsado por el excandidato a presidente al igual que otros partidos tradicionales como COPEI y Acción Democrática tomarán parte en los comicios parlamentarios para enfrentar al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Con un triunfo de la fuerza de Maduro en las elecciones ya dado por seguro, el sector más intransigente de la oposición convoca a una Consulta Popular para el próximo domingo en la que busca recuperar el poder de movilización que supo mostrar años atrás y revalidar algún grado de apoyo popular.

En tanto, el oficialismo espera que la victoria en las parlamentarias con la participación de una parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) puede devolverle legitimidad en el plano internacional. En ese sentido, el presidente venezolano se ilusiona con un contexto político alentado por la derrota de Donald Trump en Estados Unidos.

Sin embargo, el próximo gobierno demócrata de Biden en la Casa Blanca difícilmente reconozca como válidos los resultados de los comicios y todo apunta a que mantendrá la presión diplomática sobre el régimen venezolano. Recientemente, una misión de la ONU presentó un informe que da cuenta de numerosas violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por el Gobierno, aunque por supuesto fue rechazo por Maduro y tildado como una operación del "imperialismo" contra el chavismo.