El fracaso de Perú: “La gente tuvo que decidir entre morir de coronavirus o morir de hambre”

La pandemia desnudó la precariedad del sistema laboral. Expertos explican el déficit del gobierno en el manejo de la crisis y el descalabro sanitario estructural.
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Los resultados de Perú en su lucha por amortiguar el impacto del Covid-19 encierran una paradoja. El 16 de marzo, el presidente Martín Vizcarra impuso una cuarentena estricta en todo el país que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. El confinamiento incluye un toque de queda: ningún ciudadano puede circular por las calles a la noche, y los domingos están obligados a permanecer en sus hogares todo el día. Sin embargo, el país es el segundo más afectado de Sudamérica, con 141.779 infectados y 4.099 muertos confirmados. Este miércoles, tras 73 días de aislamiento, registró un nuevo récord de contagios, con 6.154 casos positivos.

Perú no es Brasil. A diferencia de Jair Bolsonaro, el gobierno de Vizcarra no buscó la inmunidad de rebaño. Clausuró todas las fronteras de inmediato y desplegó un arsenal de fuerzas de seguridad para monitorear las calles, pero su estrategia decantó en un fracaso estrepitosoEl Canciller se contactó con autoridades sanitarias del país incaico que explican, punto por punto, los múltiples factores que derivaron en un panorama desolador. “La gente tuvo que decidir entre morir de coronavirus o morir de hambre“, lanza Omar Neyra, doctor en Salud Pública, para comenzar a graficar el cuadro de situación actual.

Del mito de las cifras económicas a la informalidad endémica

Mientras que en las últimas dos décadas Sudamérica aumentó su PBI en un promedio de 2,7%, la tasa de crecimiento de Perú fue de 5%. En 2005, más del 52% de las personas estaban bajo el umbral de la pobreza; en 2018, ese número se redujo al 21%. Previo al inicio de la pandemia, el país tenía la relación deuda/PBI más baja de América Latina.

La bonanza económica que reflejan esas estadísticas oculta un dato crucial: el 70% de los trabajadores habita en la informalidad y necesita del empleo diario para sobrevivir. La mayoría de los peruanos vive al día y el Ejecutivo apenas ha salido al rescate del 30% que paga los impuestos. De acuerdo a un estudio de la firma Ipsos, el 42% de los ciudadanos perdió el trabajo o no está percibiendo ningún ingreso en medio del brote de coronavirus.

“No podés implementar distanciamiento obligatorio si a la par no tenés un soporte logístico de alimentos. Las primeras dos semanas, quienes juntaron ahorros pudieron sobrevivir, pero el grueso de la población salió porque tenía necesidad de comer”, agrega Neyra.

Walter Navarro, médico y mágister en Políticas Publicas y Gobernabilidad, relató a este medio que en el primer período del aislamiento los ciudadanos apenas podían salir a comprar productos esenciales uno o dos días a la semana, y sólo entre las 6:00 y las 16:00, a raíz del toque de queda -ahora, la libertad se extendió hasta las 20:00-.

“Además de la impactante aglomeración, no eran muchos los que tenían heladeras para guardar alimentos por tantos días”, enfatiza. Por su parte, Neyra -previa aclaración de que vive en una zona altamente residencial- confiesa que debió hacer una fila de siete cuadras para ingresar al supermercado.

En la lengua quechua, cuando algo es falso se lo denomina sacha. Aldo Lucetti, jefe del área Covid-19 del Hospital Arbozispo Loayza -uno de los más grandes del país-, considera que luego de las primeras dos semanas en Perú se instaló una sacha cuarentena, que propició el desmadre infeccioso: “Los más afectados han sido PyMEs y comercios ambulatorios. Ellos han salido a trabajar. El gobierno no entendió que la pandemia es un proceso dinámico, no estático”.

A principios de abril, las colas kilométricas ya observadas en los comercios esenciales se extendieron a las ventanillas de los bancos, atiborrados por trabajadores registrados que se acercaron a cobrar el bono gubernamental.

“Creo que sin cuarentena podríamos estar mejor, tengo dudas sobre si es la medida necesaria”, sorprende Neyra, que considera al confinamiento como vector de la aceleración de los infectados.

“El aislamiento generó problemas sociales internos. Si no lo implementaban, no tendrías colas en bancos y supermercados y habría sido menor el contagio”, justifica. El transporte público, por decantación, entrega imágenes terroríficas. No se respeta ni el distanciamiento ni la utilización de los tapabocas.

La farsa de los datos oficiales

Según apuntan los expertos médicos, la irresponsabilidad del gobierno de Vizcarra en materia sanitaria ha sido brutal. Si una estrategia eficiente para combatir la pandemia se circunscribe a realizar cuarentena, testear cuanto más se pueda a la población y aislar tanto a las personas que den positivo como a quienes tuvieron contactos estrechos con los infectados, la evaluación de la táctica peruana para mitigar el impacto del brote aplaza.

“Perú no testeó ni aisló. Mucho menos controló los contactos estrechos. El 90% de las pruebas que adquirieron fueron serológicas, no PCR. Estas pruebas rápidas sólo detectan si el paciente está enfermo, no hallan evidencia de Covid y tienen un alto índice de falsos negativos cuando uno está infectado“, indica el titular de Salud de la Cámara de Comercio. A diario, el país realiza apenas 1.100 tests PCR. Argentina está cercana a las 4.000 pruebas PCR diarias.

Según comunicó el ministerio de Salud, para que una persona pueda acceder al test debe cumplir con dos requisitos: tener síntomas compatibles con el virus y antecedentes epidemiológicos. Las universidades más prestigiosas señalan que sólo el 20% de los contagiados presenta síntomas, por lo que la cifra verídica de positivos, para los expertos, asciende a la friolera de 650.000 casos.

 

El médico Walter Navarro ejemplifica la inacción estatal con una anécdota insólita. “Una asesora del ministro de Salud había contraído coronavirus. En una entrevista, le preguntaron al ministro qué había hecho para prevenir el contagio y -sin barbijo- dijo que no hacía nada porque no presentaba síntomas“, cuenta.

En este contexto, existe una única certeza. Es imposible fiarse de las cifras oficiales. El último reporte del gobierno marca 4.099 fallecidos, pero los cementerios contabilizan más de 9.500. Con los hospitales saturados, el mayor número de decesos se registra en las casas y no en los sanatorios. Quienes mueren en los hogares no entran en las estadísticas porque no reciben la prueba.

“Si hoy te enfermás, no encontrás una cama de terapia intensiva ni en el sistema público ni en el privado”, asegura el doctor Neyra.

Un estudio publicado esta semana por la Universidad de Washington sigue esta línea y proyecta que a principios de agosto, Perú tendrá 58,01 muertes cada 100.000 habitantes. Sólo es superado por Brasil, al que le estiman una tasa de 63,05 decesos por cada 100.000 personas para esa fecha.

El drama en las provincias

“El panorama, afuera de Lima, es desolador. Hay cadáveres por las calles, son personas que no pueden acudir a los hospitales”, narra el titular del área Covid-19 del Hospital Loayza. “En las poblaciones periféricas no hay médicos, lo único que les queda a los enfermos para no morir es la automedicación“, añade Navarro. Obras maestras del terror.

Lima, con todas sus dificultades, es un universo aparte del resto del país. La pandemia arribó en aviones desde el extranjero y, en un principio, la zona rural no sintió el impacto. Todo se centralizó en la Capital. Al salir de las grandes ciudades, la informalidad económica es total, pero la vida es más barata. Por eso, cuando la situación epidemiológica se desmadró en el distrito más populoso, los ciudadanos comenzaron a regresar a sus lugares de orígen. Según estiman los médicos, 500.000 personas habrían vuelto a sus pueblos, ya infectados.

fracaso peruano
“Hay cadáveres por las calles”: la desesperante situación que se vive en la capital peruana.

De a poco, los hospitales empezaron a desbordarse y el cuadro se volvió insostenible. La falta de asistencia se palpaba en las pequeñas ciudades y los pobladores se organizaron, a modo de presión popular, para automedicarse. Frente a este escenario, el gobierno aplicó un programa dual: gestionó -tarde- visitas domiciliarias de los médicos a los hogares e implementó ayuda a través de líneas telefónicas.

“En Iquitos ha habido una desgracia. Es una selva enorme, aislada, el territorio más importante del Amazonas. El ingreso es únicamente por vía aérea o fluvial. Cuando el virus llegó, provocó un desastre. Es la ciudad con mayor tasa de letalidad”, explica Aldo Lucetti. La morgue del hospital provincial rebasó y los cuerpos inertes se empezaron a apilar en bolsas negras de basura. El territorio alberga a las comunidades indígenas, que pueden llegar a tardar hasta tres días para trasladarse, por el río, hacia centros de salud.

“Más del 60 % de las comunidades carece de postas médicas y las que existen están desabastecidas, no cuentan con equipos ni medicamentos y difícilmente se aplica el enfoque intercultural”, denunció la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), ante el contexto de desamparo.

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“El coronavirus vino a desnudar al sistema. Exhibió la desigualdad”, sentencia el mágister Navarro. “La inversión en salud y educación requiere programas sostenibles a largo plazo. En los últimos 28 años, hemos tenido 27 ministros de Salud. Cada uno implementa su política y no hay forma de ver transformación real porque todos quieren ver resultados en un mes”, detalla el médico Omar Neyra.

La economía peruana, como se ha dicho, es de menudeo. Abastece las necesidades de los trabajadores pero carece de una política impositiva que permita recaudar recursos de ellos y generar un aporte para el desarrollo. El Estado no fomenta ese sistema, no se acerca al 70% que habita en la informalidad y para ese universo es más atractivo permanecer en ese sitio, porque desconfía de la corrupción endémica que ha constituido, sin distinción de partidos, a todos los gobiernos. “¿Para qué me formalizo si el Estado no me garantiza nada? Me quita de lo poco que gano”, agrega Navarro.

Los principales ingresos de la administración nacional provienen de la minería y el petróleo, y lejos están de destinarse a la salud. La irrupción de la pandemia dejó al descubierto el desabastecimiento de médicos. En este marco, el gobierno decidió aumentar los sueldos de los profesionales abocados al brote entre un 50 y un 100%.

“Entre nosotros decimos que ahora sí nos quieren, pasamos de ser pésimamente pagos a costosos. Una enfermera, que previo a la llegada del virus percibía U$S 800, ahora gana U$S 1.500 o hasta U$S 2000”, cierra Lucetti. Manotazos de ahogado para una nación que había perdido la batalla hace tiempo.