La decisión del juez Bonadio de detener a Héctor Timerman, Luis D’Elia, Carlos Zannini, Fernando Esteche, Jorge "Yussuf Khalil y pedir el desafuero y la detención de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner agitó el panorama político de fin de año. La persecución judicial y el efecto boomerang.

Vamos a partir de una premisa muy simple: la independencia de poderes es tocuen y tocuen es cuento. En un ideal republicano y democrático los tres poderes deberían funcionar sin injerencias, pero en mayor o menor medida eso no pasa en la vida real. El Poder Ejecutivo ha  llevado esto a un extremo, tanto en las diferentes presiones al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Y eso obedece a un solo objetivo: limitar, censurar y, finalmente, eliminar a la oposición crítica.

Bonadio, que es más macrista que tomarse el fin de semana largo para jugar al golf, tomó mucho más que una decisión judicial; la decisión es política. La denuncia del fallecido fiscal doctor Alberto a.k.a. apuesto a todo Nisman fue rechazada en cinco oportunidades por diversos jueces. El juez Daniel Rafecas, a quien el gobierno nacional quiere destituir a través del Consejo de la Magistratura, afirmó que "la denuncia de Nisman gira en torno al Memorándum con Irán, que se firmó en enero del 2013. Como sabemos, ese Memorándum, no vio la luz, no entró en vigor, Irán nunca lo aprobó, no se procesaron las cartas reversales. Ese Memorándum quedó trunco, no se convirtió en un acto jurídico y, por lo tanto, no pudo producir ninguno de los efectos que, supuestamente, podía tener. Demoledor argumento, salvo para Bonadio. No por nada a su oficina la llaman "la embajada; allí no rige el derecho argentino.

El nudo central de la denuncia es que el poderoso Fernando Esteche, quien recientemente fue apuñalado por sus propios compañeros de organización, y Luis D’Elía desde El Tambo, en La Matanza, formaban parte de una cancillería paralela con el fin de negociar un pacto de impunidad con la República Islámica de Irán. Al parecer, el memorándum fue redactado por los propios iraníes quienes no aprobaron su propio acuerdo. Raro. La acusación se sostiene en la idea que el pacto iba a hacer caer las alertas rojas de los acusados dictadas por la Interpol. Días antes de la muerte de Nisman, el propio director de Interpol, Ronald Noble, expresó que el memorándum no afectaba la vigencia de las alertas. Sin embargo, en el derecho paralelo aplicado por Bonadio, esto no parece importar. Incluso en su fallo se permite "dudar de la imparcialidad que tendría Noble, quien para el polémico magistrado "prestó colaboración para armar una puesta en escena ante la sociedad argentina. Que la Interpol diga si es kirchnerista.

Pese a lo endeble de la denuncia, los rechazos, las recusaciones al juez y las contradicciones que supone el fallo del sheriff Bonadio, hay cinco personas que se encuentran detenidas por esta causa y una senadora de la oposición con pedido de desafuero y orden de detención. Nuevamente, la excusa para utilizar la prisión preventiva es que los acusados pueden entorpecer la investigación y/o peligro de fuga. Curioso, si tenemos en cuenta que en la causa real por encubrimiento al atentado a la AMIA que se está llevando a cabo ninguno de los procesados (Menem, Beraja, Anzorreguy, Corach y Galeano) fue detenido.

La doble vara para la utilización de la preventiva es notable a la hora de ver las causas abiertas que tienen los funcionarios que hoy son gobierno. Si alguien tiene capacidad para entorpecer una investigación, justamente son los miembros actuales del Ejecutivo. No obstante, no hay preventivas, solo sobreseimientos express, inclusive declarados por el propio Bonadio, como en la causa "dólar futuro". Cuando caen todas para el mismo lado se nota mucho, decía un periodista deportivo. El uso antojadizo de la justicia puede tener consecuencias directas para el propio Gobierno, quienes podrían ser víctimas de la doctrina que ellos mismos impulsan desde las sombras. El efecto boomerang es algo factible en un futuro si se tiene en cuenta la cantidad de causas abiertas que tienen los funcionarios actuales, e incluso, el propio presidente.

La decisión de Bonadio no debe tomarse como un caso aislado. Milagro Sala, la primera presa política de la era Macri, se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero pese a las reiteradas denuncias de la CIDH y Amnistía Internacional, entre otros organismos. Las detenciones de Amado Boudou y de Julio De Vido también se enmarcan en la polémica doctrina de la preventiva. Para finalizar debo aclarar una obviedad: todos deben ser investigados y, si se prueba el delito, deben ser juzgados en el marco de la ley. Pero el festival de preventivas no parece obedecer a las reglas del derecho sino más bien a los antojos del Gobierno, con el lamentable propósito de tapar el ajuste brutal que se encuentra en marcha.