No es el primer enero en que el Gobierno Nacional sacude las estructuras institucionales con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que poco se acoge a las leyes y normas que rigen en la Argentina.

Una nueva demostración de poder que apura a la oposición a plantarse como tal o a quedar, definitivamente, relegada por el oficialismo.

Dentro de este mega decreto, prácticamente ninguno de los 192 artículos atiende a la excepcionalidad requerida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, de no poder seguir con los trámites ordinarios para la sanción de leyes.

Ninguno de los 192 artículos atiende a la excepcionalidad requerida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Mientras que en el mundo de las relaciones públicas, Miguel Ángel Pichetto se muestra con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el Poder Ejecutivo Nacional avanza con un texto que contiene desde modificaciones a leyes vinculadas al Sistema Métrico Legal, la salida del país de Obras de Arte, la Firma Digital y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, hasta los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la "novedosa" embargabilidad de la cuenta sueldo.

El arco político argentino se ve envuelto en un nuevo desafío, donde ya no caben las excusas de garantizar la gobernabilidad, los mandatos de los gobernadores o la necesidad de fortalecer los debates entre los distintos sectores. La discusión corre por otro lado, por el respeto a las instituciones, a la Constitución Nacional, a la división de poderes y los derechos adquiridos.

Algunos referentes de la oposición ya se expresaron, como el Jefe del Bloque FPV-PJ de Diputados, Agustín Rossi, quien buscará la derogación del decreto. Otros todavía están pensando de qué lado del mostrador se van a parar. Y Macri, quien se viene moviendo con comodidad en el ámbito legislativo, observa desde el sur si esto seguirá siendo así o si, finalmente, deberá negociar con todos los sectores la, aún pendiente y preciada, reforma laboral.