El costo del embarazo adolescente en el país alcanza los $32 mil millones al año

7 de cada 10 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales. Con la presencia de Ginés González García se presentó en el Ministerio de Salud un informe clave para pensar políticas públicas.
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En Argentina, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son deseados. La discusión está en agenda, y UNFPA (el Fondo de Población de las Naciones Unidas) presentó este martes en el Ministerio de Salud de la Nación el informe “Consecuencias socioeconómicas el embarazo en la adolescencia en Argentina” para echar luz sobre las cifras y consecuencias de esta problemática. El trabajo tiene como premisa analizar cómo las tasas de fecundidad adolescente afectan el potencial desarrollo en la Argentina, demostrando con cifras cómo incluso la inversión en atender estas problemáticas es beneficioso para el crecimiento económico nacional.

De acuerdo con Marisa Isasi -de UNFPA Argentina- “la prevención del embarazo adolescente está en el corazón de la organización” y por ello trabajaron en coordinación con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) en la implementación del método Milena 1.0, que arrojó los resultados que se presentan en el informe.

Como explicó Federico Tobar, Asesor Regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva para América Latina y el Caribe UNFPA, “se realizaron estudios en América Latina y se identificó que hay estereotipos que naturalizan el embarazo adolescente: o porque es un problema de otros, o porque es culpa de la madre temprana, entre otros motivos”. Es por eso que el desarrollo del método Milena se basa en comparar las trayectorias de las mujeres que fueron madres en edad temprana y las que fueron madres adultas. “Si no conseguimos hacer hegemónica la demanda de políticas en este sentido, no logramos un cambio”, agregó. “Los argumentos económicos son sensibles: ¿cómo contribuye el embarazo adolescente a la economía, y viceversa?”.

El embarazo en niñas y adolescentes no se trata solamente de los desafíos y problemáticas privativos de la maternidad, sino de muchas variables. De acuerdo al informe, hay una relación directa entre las maternidades tempranas y la deserción escolar; sólo el 38% de las madres tempranas terminan la secundaria, contra un 55% en las madres adultas. Esto arroja como consecuencia que solo el 3% alcanza el nivel de educación terciaria de ciclo corto y apenas el 1% culmina estudios universitarios de grado. Esto tiene un impacto en las posibilidades de inserción laboral: las tasas de desempleo en mujeres adultas son de un 6.3% mientras que las correspondientes a madres adolescentes llegan a un 7.7%.

Las repercusiones económicas de lo social

De acuerdo con lo relevado por la UNFPA, el sistema de salud tiene menos carga de costos si se posterga el embarazo hasta la adultez. “Hay dos mediciones para el Estado”, define Tobar. “Por un lado, está el costo; pero también están las pérdidas en impuestos directos e indirectos”.

Hay cinco dimensiones de las consecuencias socioeconómicas que utiliza la metodología: el nivel educativo alcanzado, el nivel de empleo, la brecha salarial, el gasto en atención médica (ambulatoria, puerperio, parto, internaciones y atención por abortos realizados de forma insegura) y el impacto fiscal. Las madres tempranas permanecen más en el hogar dedicadas a tareas de cuidados, se ven afectadas en desempleo en un 21,4% más que las madres adultas y tienen un 29% menos de ingresos que las mujeres que postergan el embarazo.

Gracias a la aplicación del método Milena el informe estima que en Argentina el impacto económico total del embarazo en la adolescencia es de $31.626.266.854, lo equivalente en 2018 a más de 834 millones de dólares. Los gastos anuales del Estado en materia de atención sanitaria ascienden actualmente a $7.597 millones al año, equivalentes a 200 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que 7 de cada 10 embarazos no son intencionales, esto quiere decir que el Estado podría ahorrar cerca de $5.320 millones por prevenir estos embarazos en la adolescencia.

Sólo los gastos que se dejarían de realizar en atención médica en las etapas de gestación, parto y puerperio serían suficientes para garantizar oferta plena, integral y gratuita de todos los métodos anticonceptivos para todas las mujeres del país. Es por esto que un abordaje socioeconómico habilita sobrados motivos a favor de la confección de políticas públicas en materia de salud sexual reproductiva: abarca la discusión desde la aplicación de la Ley de Salud Sexual Integral hasta la legalización del aborto de forma segura y gratuita.

Durante 2017 nacieron en Argentina 704.609 niñas y niños, de los cuales un 13% fueron hijas o hijos de menores de 20 años. En tiempos donde las tareas reproductivas de las mujeres y la posibilidad de elegir están bajo debate, los números acerca de la situación de las personas con capacidad de gestar son fundamentales. En ese sentido, Mariana Isasi destacó que diseñar políticas públicas en esta materia “no es solo avanzar en materia de derechos, sino que tiene un impacto en las vidas de las mujeres, sus hijos y la comunidad en general. Este informe busca que las chicas puedan tener la capacidad de decidir”.