Apenas horas después del fallo emitido por la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en un plazo no mayor a 14 días como parte de un pago a los demandantes por la expropiación de la petrolera en 2012, los fondos involucrados mostraron su intención de negociar los términos de pago de una posible indemnización.

Si bien Javier Milei manifestó este lunes vía X que el Estado argentino apelará la sentencia de la magistrada estadounidense, los contactos con las empresas Burford Capital y Eton Park ya comenzaron con el fin de avanzar en una negociación que resuelva definitivamente el litigio.

La decisión de los fondos de renegociar se debe a que consideran compleja la obligación de pago de los USD 16.100 millones que la jueza dictaminó para Argentina el 15 de septiembre de 2023, cifra que se elevó, hasta el momento, a USD 17.750 millones por los intereses.

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En ese contexto, las conversaciones con los funcionarios argentinos podrían incluir una quita sobre el monto total de la sentencia, el desembolso mediante bonos y una extensión en los plazos. 

Cabe destacar que la opción de negociar con cada uno de los demandantes es una de las vías legales que determinó para Argentina la Justicia estadounidense, además de la posibilidad de obtener los dos tercios necesarios del Congreso para la aprobación de una ley que habilitara el traspaso de las acciones o un cambio de legislación.

"Si bien este es un avance positivo en la campaña de cumplimiento contra Argentina, es totalmente posible que sea objeto de ulteriores procedimientos judiciales", expresó este martes Burford Capital a través de un comunicado, en el que reconoció la decisión de Preska.

El lunes, la magistrada falló contra Argentina, al obligar a la Nación a "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes" como parte del "pago de la sentencia" a los "beneficiarios del fallo".

El caso se inició en 2015, cuando la inglesa Burford y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Ambas habían pertenecido al grupo argentino homónimo -de la familia Eskenazi-, y tenía una participación del 25% en YPF al momento de la nacionalización.