A última hora de ayer, los dos grupos más reticentes a llegar a un acuerdo, el Ad Hoc y el Exchange Bondholders, en un giro de acontecimientos lograron sumar a una parte sustancial del tercer grupo en discordia, el llamado Comité de Acreedores, para articular una contraoferta común. En principio, la propuesta desiste de las principales pretensiones legales que el Ad Hoc presentaba como escollo principal en la negociación. No obstante, demanda en compensación un esfuerzo económico adicional al país que, pese a no ser sustancial, se contrapone con la decisión de las autoridades nacionales que presentaron esta última oferta como la definitiva. Se abre así una nueva instancia en la que la cercanía de las puntas hace creer que, más que la concreción del acuerdo, lo que se define es quién queda mejor parado frente a él.

Pero, mientras nos adentramos en la dramática recta final de la reestructuración de los 66 mil millones de dólares en bonos bajo ley extranjera, pasó casi desapercibido que, en la última semana, Argentina se encaminó a resolver de una manera razonable y sustentable la porción de su deuda denominada en dólares sometida a legislación nacional. Dos buenas noticias poco resaltadas contribuyeron a alcanzar ese escenario.

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La primera noticia fue la exitosa licitación del último viernes, en donde el Gobierno logró canjear voluntariamente 4.109 millones de dólares de deuda de corto plazo por bonos en pesos atados a la inflación y con un vencimiento mayor. Hablamos principalmente de Letes, emisiones del Tesoro en dólares que, en buena medida, se realizaron para contener el desarme de la bola de Lebacs, en el marco de la corrida cambiaria en loop que signó la última etapa del gobierno de Macri. Estos instrumentos fueron parte de los “reperfilados” por el entonces ministro Lacunza luego del resultado de las PASO, cuando la posibilidad de su renovación quedó definitivamente sepultada por la crisis.

Esta licitación fue la sexta de una serie que empezó en febrero con una recepción más bien tibia por parte del mercado. En efecto, hasta la semana pasada se habían captado, entre todos los llamados previos, unos 3.700 millones de dólares. Con el canje del viernes, que duplica el monto convertido, se despeja definitivamente este frente. En el medio se produjo la normalización de la curva de deuda en pesos, probablemente el mayor logro a nivel financiero de esta gestión. El éxito de esta última licitación no puede entenderse sino como consecuencia de este proceso. Fue la regularización de la deuda en moneda local lo que terminó de hacer lo suficientemente atractivos los bonos en pesos como para incentivar al canje y permitir este resultado.

La segunda noticia fue el envío, por parte del Ejecutivo, del Proyecto de Ley para restructurar los bonos de largo plazo en dólares que también están bajo ley local. Son 46 mil millones, de los cuales un 55% están en manos privadas. La novedad aquí es que Guzmán cumplió con la promesa asumida en diciembre, y la propuesta replica las mismas condiciones que la última oferta hecha para los bonos con legislación extranjera. La única diferencia es la inclusión entre las opciones de canje de dos instrumentos en pesos, que probablemente sean por los que se cambien los bonos en manos del sector público, de manera de ampliar la pesificación de pasivos.

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El envío del Proyecto refuerza la idea de que la oferta de reestructuración de bonos bajo ley extranjera presentada en Nueva York es, en efecto, la definitiva. Pero, más importante aún, la concreción de un tratamiento equitativo entre los bonos de ambas legislaciones representa un contraste con la salida de 2001, donde toda la deuda bajo ley local fue pesificada a un tipo de cambio inferior al real. Aquello significó una quita adicional a los acreedores que habían aceptado bonos sometidos a la jurisdicción nacional y que, en ese contexto de emergencia, quedaron a tiro del decreto. Esta vez, el gobierno decidió no tomar ese atajo.

Si a primera vista esto significa un pago mayor que el que la discrecionalidad habilitaba, desde una perspectiva más amplia es un paso fundamental para trabajar en la lenta construcción de una inserción financiera responsable. El reverso de la pesificación asimétrica fue la exacerbación de los problemas de desconfianza en Argentina como repositorio de ahorro, en especial por parte de sus propios ciudadanos. Si bien estamos muy lejos de generar un mercado de ahorro en moneda local de dimensiones similares a la que poseen otros países como el nuestro, una condición previa e indispensable para lograrlo es que la sociedad no tenga miedo en invertir en dólares a través de instrumentos normados por el país.

Es una idea permeable a nuestra alicaída autoestima que Argentina incurre una y otra vez en los mismos errores, lo que termina llevándola a repetir sus crisis. Mucho de cierto hay en eso, pero sería injusto decir que no hemos aprendido nada. Por caso, si esta nueva crisis se ha desarrollado hasta ahora en un clima relativamente calmo es, entre otras razones, porque después del 2001 se aprendió que era indispensable contar con una robusta red de seguridad social para los sectores más desprotegidos. De la misma manera, el “corralito” dejó como legado una regulación prudencial más estricta para prevenir el descalce de monedas y garantizar la solidez de los bancos, que tuvo mucho que ver con que la corrida cambiaria del año pasado no desembocara en una bancaria, lo que hubiera tenido consecuencias catastróficas.

La restructuración equitativa de los pasivos bajo ley local puede incluirse en esa misma caja de lecciones aprendidas. Inaugura un intento diferente de salir de la crisis, esta vez orientado a preservar y potenciar el crédito en moneda y legislación local, que es condición de cualquier horizonte de desarrollo. Tal vez no alcance a ser un motivo para festejar, pero en tiempos en donde no sobran las satisfacciones no está de más reconocerlo.