Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, el Gobierno nacional modificó en las últimas horas el prorrogado Presupuesto y dispuso así la reasignación de partidas para reforzar las áreas de energía, seguridad, salud y educación, además de habilitar a las provincias a tomar deuda y permitir el pago de compromisos con bienes del Estado.

La norma, publicada en el Boletín Oficial de este jueves, ratifica para el primero de los sectores mencionados la emergencia hasta el próximo 9 de julio y establece la reducción de subsidios y de las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Para las distribuidoras que mantienen deudas con esta última dispone un régimen especial de regularización, con planes de pago en hasta 72 cuotas; mientras que aquellas que hayan cumplido con sus obligaciones podrán acceder a un programa de créditos.

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Además, el decreto -que lleva las firmas de Javier Milei y todos sus ministros- incrementa las partidas para el ministerio de Seguridad con el objetivo de "atender el servicio de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas".

También se destinan más recursos a la cartera de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con especial hincapié en "atender las erogaciones necesarias para continuar con el referido proceso de auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral".

Respecto al área de educación, el texto restablece para el presente Ejercicio Fiscal la vigencia del artículo 7° de la Ley N° 26.075 "con el fin de garantizar la correcta ejecución de los servicios". De esta forma, se asegura el "reparto automático" de recursos coparticipables a las provincias y municipios.

A su vez, la norma habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan acceder a crédito externo; y permite el pago de deudas provinciales con bienes inmuebles estatales.

Asimismo, aprueba pagos de la Argentina al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.

Cabe recordar que el Gobierno nacional se encuentra administrando los ingresos y erogaciones del país mediante una prórroga del Presupuesto 2023, que fue sucesivamente extendido debido a la falta de la llamada "ley de leyes", que debe tratar el Congreso. En medio de la puja con la oposición, y pese a los reclamos al respecto, el Poder Ejecutivo se ha negado a incluir su debate en las sesiones extraordinarias del último verano.