El Ejecutivo prorrogó la emergencia energética nacional por un año, hasta julio de 2026
Según argumentaron las autoridades en el Decreto 370/2025, aún persisten las condiciones de fragilidad del sistema a causa "de la herencia recibida".
A través de un decreto, el Gobierno extendió hasta julio de 2026 la emergencia del Sector Energético Nacional, dado que -según argumentaron las autoridades- persisten las condiciones de fragilidad del sistema a causa "de la herencia recibida".
La prórroga abarca tanto a la generación, el transporte y la distribución eléctrica bajo jurisdicción federal, así como los últimos dos en materia de gas natural y los sectores derivados.
Así lo estableció el Decreto 370/2025, fechado el 30 de mayo pero publicado este lunes en el Boletín Oficial, con firma del presidente Javier Milei y su gabinete completo. La emergencia -ahora extendida por un año más- había sido dictada inicialmente en 2023, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, plazo que luego se amplió al 9 de julio de 2025.
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Según el texto del Ejecutivo, la necesidad de esta continuidad se debe a que "persisten aún las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético".
En este sentido, fundamentaron que la administración libertaria recibió una "herencia institucional, económica y social gravísima", que hace "imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece".
La mencionada carga heredada se verifica -de acuerdo a lo señalado- en tres aspectos clave del sector energético: "(a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda".
Con la nueva disposición se apunta a habilitar a los órganos competentes a seguir adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de luz y gas.
De lo contrario, los funcionarios consideran que poner fin al mecanismo de auxilio vigente podría "acentuar una serie de riesgos estructurales para el MEM" (Mercado Eléctrico Mayorista).
El documento señaló que, entre las acciones pendientes que justifican la ampliación del plazo de excepción, se destacan:
- Alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural, manteniendo el aporte estatal solo para usuarios que "verdaderamente necesitan" la ayuda económica.
- Finalizar la implementación de medidas para contar con capacidad de transporte de gas natural suficiente para abastecer la demanda interna y las exportaciones.
- Abordar problemas estructurales en el sector eléctrico, como la antigüedad del parque generador, las limitaciones en el sistema de transporte y las fallas en la distribución.
- Continuar con la política de reducción del subsidio al Precio Estacional (PEST) en el MEM y avanzar hacia una mayor cobertura del precio monómico para lograr la sostenibilidad económica financiera del sistema eléctrico.
- Implementar el proceso de normalización del MEM, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025.
- Asegurar que ENARSA y CAMMESA se adecúen a las modificaciones regulatorias que disponga la secretaría de Energía.
- Constituir y poner en funcionamiento el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, unificando los actuales ENRE y ENARGAS, y designar a sus miembros. Hasta tanto eso ocurra, se considera necesario "mantener las intervenciones" hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la constitución y designación de autoridades del nuevo ente unificado, lo que ocurra primero.
- Continuar las evaluaciones para revisar los criterios de inclusión y exclusión, mejorar las fuentes de información sobre los niveles de ingresos y las manifestaciones patrimoniales de riqueza, simplificar la administración del subsidio y revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar.
- Abordar las complejidades y superposiciones en los regímenes de subsidios, como el de Zona Fría.
- Revisar el esquema de ayuda para usuarios vulnerables sin acceso a la red de gas natural (Programa HOGAR) tras la desregulación del GLP.
- Subsanar la inclusión de instituciones no elegibles en registros de beneficios (como clubes y entidades de bien público) y revisar la inclusión de Empresas Recuperadas y Cooperativas bajo el concepto de "Hogares".
- Continuar con la "simplificación y mejora de los criterios de focalización de los beneficiarios".
- Realizar la transición de un esquema de subsidios generalizados que abarca a casi 10.000.000) de hogares a uno focalizado de forma gradual. Esto último también recibió una extensión de plazo hasta la misma fecha.