Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno envió al Congreso de la Nación los proyectos de ley para fomentar la regularización de activos no declarados, más conocidos en la jerga popular como "dólares del colchón". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este jueves que ingresó al Poder Legislativo el conjunto de iniciativas para modificar el marco legal vigente en materia de delitos económicos.

"Tiene varios puntos (…) Abarca distintos aspectos que tienden a garantizar la utilización de estos recursos. Son los ahorros de los argentinos, que durante muchos años los cambiaban en el mercado informal porque querían preservar el valor de lo que tenían", inició el funcionario libertario en diálogo con radio La Red.

En resumen, Francos evitó dar precisiones sobre el nombre oficial del proyecto, aunque confirmó que el contenido se centró en asegurar condiciones para que aquellos que realicen gastos con fondos propios y ahorros no queden sujetos a sanciones. "Que la gente no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que penaban esto", puntualizó, al asegurar que el deseo es que "esos dólares se vuelquen a la economía" formal.

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A su vez, el jefe de Gabinete apuntó a que habrá cambios normativos vinculados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a dar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados.

"Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento", dijo al explicar el espíritu de la propuesta para estimular la inversión y el consumo, luego de haber enfatizado en que antes los ciudadanos optaban por usar esos recursos como "un canuto, que lo guardaban".

Además, dio a conocer que la firma del proyecto se concretó en la noche de este último miércoles y que la derivación al Congreso se concretó a través del sistema electrónico de procesamiento de expedientes, por lo que quedó habilitado el tratamiento parlamentario del proyecto.

La legislación pretende reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como herramienta para brindar garantías a los eventuales participantes del nuevo régimen. Ese plazo se reduciría a dos años con la idea de dar certeza durante el mandato de Javier Milei. También modifica montos para el inicio de requerimientos fiscales y eventuales acciones legales.

El plan se enmarca en la estrategia de la gestión libertaria de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a los recursos existentes y que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal por los ciudadanos.